Publicidad
Sáb Ago 19 2017
22ºC
Actualizado 08:54 am
Viernes 09 de Marzo de 2012 - 12:01 AM

La defensa del ciudadano ante la corrupción

Columnista: Instituto De Victimología Usta

Los múltiples hechos de corrupción que ocurren en nuestro país y que deterioran el ejercicio de lo público con abierto quebranto a las finanzas estatales, merecen el reproche ciudadano y la respuesta diligente de los organismos de control. Ante tanto abuso y tanta desfachatez, el común de los ciudadanos parece mostrarse indiferente, muchas veces porque desconoce cuáles son sus derechos para exigir de las autoridades una actuación categórica ante el flagelo.


En materia penal la Fiscalía está llamada a investigar el delito y establecer sus infractores, y dentro del proceso penal la entidad del Estado afectada con la corrupción está obligada a convertirse en víctima del delito. Desde ahí surge un “interés legal” en defensa de lo público, pero en especial, en defensa del ciudadano que no tiene cómo participar directamente dentro del proceso penal. Incluso cuando la entidad perjudicada no cumple con esa obligación, en su ausencia deben intervenir las Contralorías.


Significa ello que en los procesos penales por delitos de corrupción, pueden actuar conjuntamente la Fiscalía como entidad investigadora, la Procuraduría en defensa del orden jurídico y la Contraloría en condición de víctima. El ciudadano entonces no está sólo, pudiendo exigirle a la Controlaría su intervención activa en los procesos penales por corrupción, como si se tratara de la víctima directa del delincuente.


Para lograrlo el ciudadano puede exigir esa participación, pero a su turno las Contralorías deben procurar su intervención en el proceso a través de funcionarios idóneos y capacitados, alejados de una vinculación laboral por orden de prestación de servicios o como meros recomendados de los políticos nominadores. Una Contraloría seria, eficiente y providente está en la obligación de adecuar su planta de personal a las exigencias propias del proceso penal acusatorio, creando unidades de gestión judicial, para garantizar la recuperación patrimonial de lo apropiado por el corrupto, pero en sí, para garantizarle a la ciudadanía que no es una víctima oculta del conflicto, sino una víctima visible que tiene derecho a saber la verdad y a que los recursos públicos se destinen debidamente.


No en vano el nuevo Estatuto Anticorrupción fortalece las Contralorías, manteniendo su participación dentro del proceso penal en delitos que atenten contra los intereses patrimoniales del Estado para intervenir como víctimas, en defensa de lo público y de la ciudadanía en general.    

Autor:
Instituto De Victimología Usta
Este artículo obedece a la opinión del columnista. Vanguardia Liberal no responde por los puntos de vista que allí se expresen.
Su voto: Ninguno (1 vote)
Otras columnas
Publicidad
Comentarios
Agregar comentario
Comente con Facebook
Agregar comentario
Comente con Vanguardia
Comente con Facebook
Agregar comentario
Vanguardia Liberal no se hace responsable por las opiniones emitidas en este espacio. Los comentarios que aquí se publican son responsabilidad del usuario que los ha escrito. Vanguardia Liberal se reserva el derecho de eliminar aquellos que utilicen un lenguaje soez, que ataquen a otras personas o sean publicidad de cualquier tipo.
Publicidad
Publicidad
Publicidad