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Viernes 30 de Marzo de 2012 - 12:01 AM

Un penalista en la Fiscalía

Columnista: Instituto De Victimología Usta

La Corte Suprema de Justicia, de terna enviada por el Presidente de la República, eligió como Fiscal General al doctor Eduardo Montealegre Lynett, abogado de reconocida trayectoria profesional como Viceprocurador General,  Magistrado de la Corte Constitucional y catedrático universitario distinguido en procedimiento penal.


El jurista elegido será el director de la acusación penal y por lo mismo, nada más adecuada que la designación de un penalista en la Fiscalía. Contadas las excepciones del fiscal Gómez Méndez y de la interinidad del fiscal Mendoza Diago, no siempre los destinos de esa institución han estado regidos por penalistas, cuando por puro sentido común debería estar al frente un experto en derecho penal. Sí, un abogado que sepa entender la estructura del proceso penal, que sepa dimensionar la agobiante congestión que ha generado el sistema acusatorio, que sepa determinar la política criminal del Estado y que pueda orientar la institución hacia una utilización razonable del aparato de justicia.


Aunque algún sector de la opinión considera que la Fiscalía necesita un gerente, ese gerente o director en ningún momento podría ignorar su radio de acción, que no es otro que la aplicación del derecho al interior del proceso penal, lo cual implica la función constitucional de investigar y acusar, actuando ante los estrados judiciales. Si de gerentes se tratara, para eso existe la Dirección Nacional Administrativa de la Fiscalía y sus apéndices en las direcciones seccionales.


Grandes retos esperan al penalista Montealegre Lynett, y no exclusivamente por cuenta de los escandalosos casos de corrupción y parapolítica. La alarmante congestión de todas las fiscalías, el atraso en las investigaciones por delitos comunes, la necesaria trasformación del sistema acusatorio, la infiltración de la entidad y la respuesta inmediata de la autoridad ante la delincuencia callejera, son asuntos de impacto público que merecen toda la atención del nuevo Fiscal General, para ofrecer una mínima sensación de seguridad, confianza y justicia.


La llegada a la Fiscalía del experto en ciencias criminales garantiza la ponderada aplicación del derecho penal, sin excesos y sin favoritismos, pero a su vez convoca a sus funcionarios y empleados a sumar esfuerzos operativos y académicos para hacer respetar la Constitución y la ley. Los Fiscales del país no pueden ser inferiores al designio que demarque su Fiscal General, pues la sola presencia del excelente jurista no implica el florecimiento de una nueva justicia penal.   

Autor:
Instituto De Victimología Usta
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