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Viernes 13 de Abril de 2012 - 12:01 AM

De victimarios a víctimas: la realidad carcelaria

Columnista: Instituto De Victimología Usta

Ante la ocurrencia de un delito surge para el Estado Jurisdiccional la obligación de investigar, acusar, juzgar y sancionar al responsable. Impuesta la sanción penal, que para la mayoría de los casos consiste en el internamiento carcelario, inicia el cumplimiento de las funciones de la pena, tales como la “prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado”. Funciones estas que en lo referente a la “reinserción social y protección al condenado” son letra muerta en nuestro medio, siendo prueba la realidad de nuestras cárceles.


Para nadie son secretas las deplorables condiciones de las prisiones en gran parte del país. En ellas, por decir lo menos, reinan el hacinamiento carcelario y las condiciones de insalubridad, no siendo entonces las cárceles centros penitenciarios y sí Establecimientos de Violación de Derechos Humanos donde los baños, los pasillos, los restaurantes, los lugares de esparcimiento, los techos e incluso las zonas aéreas se habilitan para que duerman los reclusos; donde las intoxicaciones por la inadecuada manipulación de alimentos son frecuentes; donde afloran la violencia y el maltrato a los internos.


En realidad, como recientemente lo expresó el Defensor del Pueblo en Santander, existen “depósitos de seres humanos y no centros de reclusión” sin que el Estado tome verdaderas medidas para corregir tal situación. Esta semana, por vía de tutela, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, evocando a la Corte Constitucional de hace 14 años, recordó que en las prisiones del país existe un estado de cosas inconstitucional, pero la verdad es que poco o nada se ha hecho.


No obstante, una vez más hay que decir que se requieren acciones concretas, inmediatas y eficaces por parte del Estado, las cuales deben ser supervisadas por los entes de control estatal, teniendo en cuenta que los directamente responsables son el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Hacienda y el INPEC, para que se propenda por fortalecer tanto los programas penitenciarios como los posteriores a la prisión.


Ante tan caótico panorama, ¿cómo hablar entonces de “reinserción social y protección al condenado”, cuando lo que en realidad hace el Estado es victimizar a quien en algún momento de su vida fue el victimario?

Autor:
Instituto De Victimología Usta
Este artículo obedece a la opinión del columnista. Vanguardia Liberal no responde por los puntos de vista que allí se expresen.
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