Publicado por: Isabel Ortiz Perez
Hace dos semanas el gobierno nacional promulgó cuatro decretos que desarrollan y reglamentan la Ley 1257 de 2008, ley establecida para brindar protección a las mujeres que viven situaciones de violencia en diferentes ámbitos. Estos cuatro decretos son sin duda, un paso muy importante que implica que a nivel del trabajo, la salud, la justicia y la educación se deben tomar decisiones y realizar acciones concretas para prevenir esta pandemia social que nos abruma, como es la violencia hacia la población femenina.
Es urgente que se difunda el contenido de estas resoluciones, y que las mujeres y sus organizaciones ejecutemos una función de veeduría para lograr su efectivo
cumplimiento. Dado que la violencia hacia las mujeres tiene una raíz profunda anclada en normas y pautas culturales, he seleccionado en este artículo aspectos relevantes del Decreto 4798 en el cual se establece lo que se debe realizar desde el Ministerio de Educación, las entidades territoriales y los establecimientos educativos para aportar en la superación de esta grave problemática que afecta a las mujeres, a las familias, y a las comunidades. En su primer artículo, el decreto en mención plantea que se debe “vincular a la comunidad educativa en la promoción, formación, prevención y protección de los derechos humanos de las mujeres para vivir una vida libre de violencias”, reconociendo que es un asunto de derechos humanos y además que la comunidad educativa constituida por madres, padres, alumnado y personal docente, tiene una papel importante y decisivo en la lucha contra la violencia. La garantía de una vida sin violencia pasa también por el avance en la autonomía de las mujeres para aprender a tomar sus propias decisiones y construir proyectos de vida en contextos de libertad y respeto. El decreto lo reconoce y lo plantea como “el fomento de la independencia y libertad de las niñas, adolescentes y mujeres para tomar sus propias decisiones y para participar activamente en diferentes instancias educativas donde se adopten decisiones de su interés. Otro aspecto muy significativo tiene que ver con la oportuna atención y orientación que se debe brindar a las niñas y a las jóvenes que han sido víctimas de situaciones de violencia, estipulando en el decreto que se debe “orientar y acompañar a las niñas, adolescentes y jóvenes que han sido víctimas de violencia de género para la atención integral y el restablecimiento de sus derechos”.
