Publicado por: Jaime Calderón Herrera
De cuando en vez los medios registran el cobro exagerado a gentes humildes, de cuentas de servicios públicos, pero nunca nos informan acerca del desenlace de los reclamos.
Pareciera que la facturación del agua, la energía, el gas domiciliario, la telefonía fija y móvil, la televisión por cable, etc., gozaran de libertad absoluta para facturar a su antojo y resolver los reclamos de la misma manera.
En los últimos meses, me han comentado reiteradamente que alguna empresa de Bucaramanga, con frecuencia inusitada, factura consumos que exceden tres a cinco veces el promedio, y cuando el usuario reclama, se le exige el pago de la cuenta como requisito para atender la solicitud de revisión. La empresa entonces envía a unos funcionarios, que prácticamente a ojo, “diagnostican” fugas no comprobables, pero que al igual que las lecturas de los contadores y los supuestos daños de los mismos, terminan en un enredo administrativo cuyo resultado es el cobro durante uno o dos meses de excedentes que el usuario generalmente se resigna a perder.
Los ciudadanos estamos inermes ante los servicios públicos en general. Cuando no sucede lo anteriormente mencionado, pequeños ajustes de facturación, visitas técnicas con interpretación amañada de las normas, que resultan en exigencias costosas, barreras para desafiliaciones, y otras aberraciones, hacen parte del menú con el que debemos atragantarnos.
El monto de lo inexplicado e inexplicable, si se calculara, debe ser billonario.
Mientras las ciudades modernas entierran todas sus redes, la Empresa Electrificadora de Santander exigió el cambio de contadores, expulsándolos del interior de las viviendas para ponerlos guindados en los postes, afeando de manera absurda el mobiliario urbano, además del costo respectivo.
No creo que lo mencionado obedezca a simple estupidez. Pareciera una estrategia financiera que se me antoja ilegítima.
Bien vale la pena que nuestro ilustre coterráneo, el doctor César González, Superintendente de Servicios Públicos, conformara una unidad investigativa que indagara y allegara pruebas que le permitieran controlar los desafueros, y no dejar en el ciudadano colombiano, inerme y chantajeado , la carga de la denuncia y de la prueba.
