Publicado por: Jaime Calderón Herrera
Hay quiebra, de allí que la reforma se impone.
La Ley 100 de 1993 introdujo los gérmenes de su propia destrucción: fiel a los postulados del libre mercado, convirtió a la salud en una mercancía y partió de una financiación del sector formal de la economía que indujo a la informalidad laboral y por ende al desfinanciamiento del sistema, agravado por la desregulación de precios de los medicamentos; además, introdujo un intermediario “metiche” en todo (EPS), pues administra, asegura, intermedia financieramente y presta servicios de salud. Como si fuera poco, el gusano de la corrupción engordó gracias una vigilancia enana y
a múltiples peajes en la cadena de facturación, cobros y recobros.
El objetivo de un Sistema de Salud es mejorar los indicadores de salud pública y atender en forma oportuna, eficiente e integral a los enfermos. Los indicadores en general no mejoraron y la atención es inoportuna, ineficiente y fragmentada. El aseguramiento sí ha llegado a ser casi universal.
El proyecto de ley presentado al Congreso por el gobierno, pretende redefinir el Sistema y regula la forma en que el Estado organiza, dirige, coordina y controla la prestación del servicio público de salud y los roles de los actores involucrados.
A mi juicio, la reforma significa un avance y el reconocimiento de un error. Por supuesto que se da en el marco de un modelo socioeconómico neoliberal, donde el sector financiero pone las condiciones.
Los costos bancarios y fiduciarios han ordeñado al sistema y lo seguirán haciendo. Si queremos que dejen de hacerlo, necesitamos un cambio de modelo político y socioeconómico. Los dueños del capital no serán excluidos del negocio, los políticos tampoco.
Las EPS si desaparecerán, pero si ajustan sus cuentas tienen la probabilidad de transformarse en Gestoras del riesgo o en redes de Prestadores. Es decir, habrá intermediación en la administración del riesgo o en la prestación de servicios. Sin embargo, la prohibición expresa de integración vertical u horizontal, oblitera un cráter perverso del Sistema.
El Estado retoma la rectoría y elimina la Intermediación financiera, creando un Ente especial que afilia, cobra y paga. Eso está muy bien.
También elimina el odioso Plan Obligatorio de Salud (POS), reemplazándolo por un Plan de Beneficios con exclusiones, lo cual es otro avance siempre y cuando los criterios de exclusión sean acertados, pues la “no evidencia técnica o científica” sobre seguridad, eficacia clínica o pertinencia, deja a interpretación amañada el tamaño del Plan de Beneficios.
El espacio de esta columna es corto para analizar la reforma, pero puedo decir que me parece orientada en la dirección correcta dentro de lo posible, pero falta ver en qué termina después del trámite por el Congreso.
Pudiera ser mejor o se pudiera evitar que la desvirtúen, si la sociedad civil en forma responsable se apropia del interés por su salud y se manifiesta en consecuencia.
