Publicado por: Jairo Puentes Bruges
En columnas anteriores he reiterado que las personas que integramos el Comité de Defensa del Agua y el Movimiento Conciencia Ciudadana no nos oponemos a la minería. Señalaba en agosto 2012: “casi todos los elementos que nos rodean requieren minerales para su fabricación... De tal manera que nadie se opone a la minería; si esta se realiza en los sitios autorizados por la ley, utilizando tecnologías apropiadas y buscando el beneficio colectivo”. El problema –entonces- no es la minería, sino “la forma como se practica en países dependientes, atrasados y débiles institucionalmente -como Colombia- en los que no se cumplen los requisitos mencionados”. Hay que reiterar lo escrito, pues algunos ilustres ciudadanos todavía confunden la defensa de la legalidad y la búsqueda del progreso social con el fundamentalismo.
La historia de la megaminería en Colombia ha sido documentada desde los años setenta. Llega la multinacional minera a pueblos con muchas necesidades insatisfechas y se gana la confianza de las gentes pintando la escuelita, arreglando la cancha de fútbol y empleando algunos nativos. Pero cuando los yacimientos se agotan en unos pocos años, la multinacional abandona el sitio y solo deja atrás más pobreza, enfermedades y degradación social. Los más perjudicados son los mineros tradicionales, que ven agotarse en pocos años un recurso que podría servirles de sustento a las próximas generaciones, si se mantuvieran tasas moderadas de extracción. Y los joyeros locales; a los que les toca importar el oro (Ver documental El Oro es Triste, de 1970). ¿Cuándo aprenderemos de la Historia? El reciente estudio “Minería en Colombia, fundamentos para superar el modelo extractivista” realiza una “radiografía del modelo minero colombiano”. Estudio patrocinado por “fundamentalistas” de la Contraloría Nacional y liderado por Luis Jorge Garay; “uno de los economistas más destacados en la historia nacional”, según el Banco de la República. Garay advierte: “Creemos que hay que extender la moratoria (minera) mientras se logra instaurar un régimen regulatorio más adecuado”. Pues “los riesgos son grandes en términos ambientales, sociales y culturales”. Sobre la presunta camionada de plata que dejan las multinacionales, dice la Contraloría: “Por cada 100 pesos recibidos por gravámenes, el Estado deja de percibir 200”.
