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Miércoles 19 de Octubre de 2016 - 12:01 AM

Mercurio en latas de atún

Columnista: Jairo Puentes Bruges

En columna de mayo 1 de 2013, cité los resultados de una investigación realizada por las universidades Nacional y de Cartagena sobre la presencia de mercurio en latas de atún colombiano. Anotaba que resultados similares se han detectado en otros países. Por ejemplo, en la página de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) se reportan concentraciones de mercurio en diferentes peces, no solo atunes, y recomendaciones para mujeres embarazadas y niños sobre límites a consumir.

Hay recomendaciones similares en países europeos. Los terribles efectos del mercurio son conocidos desde mediados del siglo pasado, cuando se registró la tristemente celebre Enfermedad de Minamata (Japón).

En el 2013, cuando se publicaron los resultados del estudio mencionado arriba el Invima “aclaró” que no existía “riesgo para la salud por el consumo de atún enlatado”. Sin embargo, la semana pasada el mismo Invima reportó que “un lote de atún de marca Van Camps presentó un contenido de mercurio superior al permitido por la normativa”. El problema del mercurio en peces ya lo había reconocido el presidente Santos, como señalé en columna de agosto 5 de 2015, dos años después de expedida la Ley 1658 de 2013, que busca regular y reducir el uso de mercurio.

El mercurio no solo se utiliza en la minería, también en otras actividades, como anoté en columnas anteriores. Y puede llegar a los seres humanos a través de aguas, aire o alimentos contaminados.

Según el último Estudio Nacional del Agua (ENA, 2014), Colombia descargó 205 toneladas de mercurio a las aguas y los suelos en el año 2012. En el caso de Santander, son conocidos resultados de análisis de laboratorio -de entidades oficiales- que reportan preocupantes concentraciones de mercurio (y de arsénico) en la quebrada La Baja y los ríos Vetas y Suratá.

La semana pasada el Ministerio de Ambiente radicó un proyecto de ley para ratificar el llamado Convenio de Minamata. Sin embargo, las leyes y decretos no solucionan los problemas, si no son acompañados de programas y proyectos orientados a hacer cumplir estas disposiciones. En sentencia de agosto 19 de 2016 (T-445) la Corte Constitucional advirtió: “El Gobierno ha construido una política minera sin contar con los adecuados estudios técnicos y científicos que permitan evaluar los impactos sobre los ecosistemas colombianos”.

Autor:
Jairo Puentes Bruges
Este artículo obedece a la opinión del columnista. Vanguardia Liberal no responde por los puntos de vista que allí se expresen.
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