Miércoles 26 de Noviembre de 2014
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Jose Félix Lafaurie
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Domingo 23 de Junio de 2013 - 12:01 AM

Sembrando… discordias

Autor: Jose Félix Lafaurie

Este gobierno ha configurado complejos e inconvenientes escenarios de creciente inseguridad jurídica sobre la propiedad, que empiezan a advertir un malestar indeseable. La andanada de políticas desbordó la capacidad institucional pero, además, los mecanismos legales para la resolución de los conflictos lucen confusos. Este clima enrarecido es la antesala de grandes litigios por la tierra, que pueden salir costosos para la Nación. Sin mencionar, las nuevas dinámicas de violencia que hábilmente capitaliza el discurso demagógico y vindicativo de la izquierda.

Basta analizar el bulto de anzuelos que tiene el gobierno para recuperar los baldíos de la Nación. Un asunto en el que más de uno se llevó una sorpresa, pues en ese río revuelto no encontraron el inexistente latifundio ganadero, sino al gran capital urbano. Y en esa cacería fue doble el tiro por la culata. Se frenó la inversión de US$1.000 millones que estaban listos a inyectar empresarios extranjeros y unos US$$2.000 millones más podrían caer al despeñadero. Es el estimativo de la inversión en la Altillanura de los 14 grupos empresariales satanizados en la reciente cruzada por la tierra. Pero, como en pelea de tigre con burro amarrado, se prendió la primera luz de “stop” al gobierno, en su búsqueda para nutrir el fondo de tierras de La Habana. Pisarle la manguera a sectores que han hecho posible el desarrollo industrial, que ponderan el PIB al alza y financian campañas pudo producir carcajadas en la izquierda recalcitrante, pero no en el seno del gobierno. La inseguridad jurídica sobre la propiedad y la inversión, sumada a los calificativos de “mala fe” e ilicitud exaltó la furia y reclamos de los “cacaos”.

Para tener idea de lo que pueden significar esos entuertos, baste con la primera perla: el caso Riopaila-Brigard & Urrutia. En el diseño jurídico de ese negocio, medió una interpretación tergiversada de la ley según la cual “los baldíos pasan a ser propiedad privada, una vez son adjudicados a un campesino”. Con esa ligereza, crearon 27 sociedades para adquirir 40.000 hectáreas en el Vichada, cuidando no sobrepasar el máximo permitido por cada una.

Pero aquí estamos frente a una evidente violación de las normas, para apoderarse de tierras destinadas a campesinos. Este panorama deja al gobierno entre dos aguas: la del gran capital, con pretensiones de que se legalice su argucia por otra ley, y la de las armas, que busca imponer una reforma agraria de minifundios. Lo penoso es que este país se ha manejado a empellones de los poderosos, en contravía de quienes hemos sido respetuosos de la ley.

Este artículo obedece a la opinión del columnista. Vanguardia Liberal no responde por los puntos de vista que allí se expresen.
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