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Domingo 06 de Noviembre de 2011 - 12:01 AM

Mapiripán, ¿y la justicia para los demás?

Columnista: Jose Félix Lafaurie

Indigno, desafiante, y hasta desesperanzador resulta ser para todos los colombianos lo que hasta ahora se ha descubierto: la deplorable tramoya jurídica, perversamente montada sobre la llamada "Masacre de Mipiripán". Este es uno de los casos en donde la realidad supera la imaginación –la demoledora frase de García Márquez para recrear nuestra cotidianidad–, y en donde la corrupción y el aprovechamiento indebido de un marco de política, en este caso de justicia transicional para atender las víctimas de esta cruel guerra, da lugar a actuaciones reprochables del Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Pero también, deja al descubierto la precaria capacidad del Estado para defender a la sociedad colombiana ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la vergüenza de los fallos que continuamente se profieren con un alto cargo a los recursos públicos.


Los hechos son de evidente gravedad. El Colectivo de Abogados no sólo logró engañar y enlodar a todo nuestro sistema jurídico, sino que sus actuaciones comprometen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y a la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en momentos en que Colombia da pasos sensibles para alcanzar nuevos escenarios en los que la verdad, la justicia y la reparación, son un derecho de los ciudadanos y una obligación de Estado. Usar, como en efecto se usó, un instrumento del alcance y significación para reparar a particulares de crímenes por parte de agentes del Estado, de manera fraudulenta y con claro ánimo de lucro es, sin duda, una deformación ética de consecuencias imprevisibles.


¿Fue sólo el caso de Mapiripán, en el que se condenó a 42 años al General Uscategui, o, por el contrario, son otros más? ¿Cuántos fallos ha proferido la CIDH contra Colombia? ¿En cuántos ha intervenido ésta u otras organizaciones similares? ¿Cuál es el monto del aprovechamiento que cada uno de estos casos ha generado?


No podemos olvidar que son los peticionarios, es decir, estas ONG como el Colectivo de Abogados, los que cobran las indemnizaciones y no las víctimas de manera directa, por lo que el sistema facilita que estos intermediarios se queden con una porción no despreciable de los recursos pagados por el Estado colombiano. Estas preguntas no pueden quedar sin respuesta. Porque lo que está en juego no sólo es la dignidad nacional, sino el engranaje mismo del sistema interamericano de DDHH.


El país tiene que pedir cuentas a estas organizaciones. Pero también tendrá que pedirle cuentas al resto de la institucionalidad, porque abocó al Estado colombiano a una situación de indefensión ante la justicia internacional.

Autor:
Jose Félix Lafaurie
Este artículo obedece a la opinión del columnista. Vanguardia Liberal no responde por los puntos de vista que allí se expresen.
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