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Domingo 04 de Marzo de 2012 - 12:01 AM

Se imponen las compensaciones ecológicas

Columnista: Jose Félix Lafaurie

El desarrollo rural y ambiental del país está afincado, en buena medida, en la forma como se resuelvan las tensiones sobre el uso del suelo y el subsuelo. Un asunto de fondo, que no ha ido más allá de cuestionar las hectáreas dedicadas a ganadería y de apuestas que poco le aportan al verdadero ordenamiento territorial y productivo de la tierra y a la visión conservacionista del progreso. Pero esta tarea tantas veces aplazada, hoy es inminente tras el empuje de la locomotora minero-energética, que ha agudizado el debate entre las visiones apocalípticas de los ambientalistas y quienes creemos que es falsa la dicotomía entre desarrollo rural y minero y la protección del ecosistema.


Las recientes exploraciones tecnológicas nos llevan a pensar que es posible el desarrollo del trinomio: minería, sector agropecuario y futuro ambiental. Es la experiencia recabada con los Sistemas de Producción Silvopatoriles Intensivos (SSPi) en explotaciones ganaderas tradicionales. La presencia de árboles y arbustos que los caracterizan, generan beneficios ambientales en materia de biodiversidad y retención hídrica. Además, mitigan la desertificación, crean un microclima que reduce las temperaturas en más de 2 grados, disminuyen las emisiones de metano en un 21% y actúan como sumideros de carbono, que ayudan a paliar otros gases de efecto invernadero en más del 40%.


En zonas como el Cesar y La Guajira, en donde se encuentra el mayor enclave de minería a cielo abierto –con más de un millón de hectáreas comprometidas para la extracción anual de cerca de 100 millones de toneladas de carbón– la instauración de 200  o 300 mil hectáreas con SSPi, podrían generar a la vuelta de una década, círculos virtuosos para mitigar o restaurar los territorios de la vieja cuenca del río Cesar. Pero, además, con dinámicas favorables en materia socio-económica y de generación de empleo. No obstante, un desarrollo de esta naturaleza, no puede hacerse en ausencia de políticas públicas coherentes con el reto de crecer y conservar, de una institucionalidad fuerte y de una gobernanza que facilite la afluencia de recursos, tanto del sector público como del privado, para alimentar nuestro propio “Fondo verde” que, además de los incentivos dispuestos por el gobierno a través del ICR, pudiera sumar un aliciente para quienes decidan meterse la mano al dril para financiar la siembra de estos sistemas boscosos. Al menos tres verdades corren paralelas a la urgencia de erigir una política de Estado que haga posible las complementariedades entre el desarrollo rural y minero con el ambiental. La primera: necesitamos un crecimiento competitivo, pero responsable ambientalmente. La segunda: no podemos prescindir de los recursos mineros o menguar la producción agroalimentaria, ni hoy ni el futuro, de cara a las riquezas del país y las oportunidades y retos del agro-negocio mundial. Y la tercera, es que la solución al conflicto del uso de la tierra y el ordenamiento territorial y productivo, debe gestarse en función de la vocación de los suelos, como única alternativa para lograr el equilibro entre la conservación del ecosistema y la seguridad alimentaria y energética.

Autor:
Jose Félix Lafaurie
Este artículo obedece a la opinión del columnista. Vanguardia Liberal no responde por los puntos de vista que allí se expresen.
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