¿Ceder más allá de la cuenta?
Es obvio que en un proceso de paz se necesita ceder y sacrificar algunos ‘máximos’ para llegar a puntos intermedios. No se puede pretender que los guerrilleros se desarmen voluntariamente para pasar 30 o 40 años en una cárcel, como tampoco se puede querer que las Farc cambien las balas por los votos sin darles ciertas garantías para que se reincorporen en la sociedad y puedan tener una plataforma política desde la cual tramitar sin violencia sus reclamos.
Pero tanto en un caso como en el otro deberían existir líneas rojas que como sociedad no podemos permitir que se traspasen. En el ámbito de la justicia, cambiar penas de cárcel con barrotes por reclusiones en condiciones distintas y trabajos restaurativos en favor de las víctimas resulta razonable para guerrilleros que cometieron delitos que no sean considerados de lesa humanidad. Si siguiéramos el Estatuto de Roma tal y como fue firmado por Colombia, tendríamos que pensar en una privación efectiva de la libertad así fuera en lugares especiales para los máximos responsables de conductas que se cataloguen como de lesa humanidad. Eso todavía está por verse y dependerá de la seriedad de los magistrados del tribunal especial de paz.
En el caso de la política, la fórmula original promovida por el mismo gobierno a través del marco legal para la paz y avalada por la Corte Constitucional, establecía la posibilidad de que los guerrilleros no condenados por delitos de lesa humanidad pudieran ser elegidos sin talanqueras pero se decía que aquellos que sí los hubieran cometido, estarían marginados de esa posibilidad.
Hasta allí la idea parecía sensata. Sin embargo, las cosas han variado y el gobierno habla ahora de que todos los guerrilleros puedan ser elegibles y, encima, se está pensando en la posibilidad no sólo de tener unas circunscripciones especiales en los territorios golpeados por la violencia sino también de curules directas en el Senado para las Farc.
La voltereta demuestra que el Ejecutivo y sus negociadores han cedido plenamente a las pretensiones de la guerrilla, incluso renunciando a todo el esfuerzo institucional que promovieron en su momento con el marco para la paz. Ciertas cesiones son comprensibles, insisto, pero se necesita en este punto de la negociación un ápice de firmeza para no transgredir ciertos límites que en un Estado Social de Derecho vale la pena preservar a toda costa. Lamentablemente, el gobierno en esto está cediendo más de la cuenta.