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Domingo 27 de Marzo de 2011 - 12:01 AM

Más falsos positivos: ¿quién responde?

Columnista: Juan Manuel Galán

En marzo de 2008 cité un debate de control político en Soacha (Cundinamarca) con el propósito de darle a los familiares de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales un espacio de reconocimiento y al Estado la oportunidad de responder sobre lo sucedido.


En ese debate mostramos que enfrentábamos un problema estructural y que como tal requiere soluciones profundas y no medidas coyunturales. Si bien fuimos críticos del Gobierno anterior propusimos caminos que permitieran abandonar la retórica y pasar a acciones creíbles: Romper la impunidad, promover cambios culturales, establecer medidas de prevención y control y mitigar los efectos negativos en la política exterior y de cooperación.


Además, reclamamos de todas las entidades estatales y de la sociedad asumir su responsabilidad. Los problemas estructurales tienen múltiples causas y en ese contexto las instituciones y la sociedad son de una u otra forma responsables de que estos hechos no se hubieran prevenido y castigado severamente.


Resulta preocupante que el más reciente informe de la ONU señale que se han presentado nuevos casos y que hay retrocesos en el juzgamiento de estas conductas, especialmente en cuanto a la independencia y celeridad de los procesos.


¿Cómo explicar esta situación? Hay al menos tres hipótesis que no son excluyentes: las autoridades no han tomado las medidas necesarias, el fenómeno comienza a asumir una dinámica propia que se desprende de los factores estructurales que lo posibilitaron o, en el peor de los casos, se ha convertido en un arma del conflicto para minar la legitimidad de una de las partes o encubrir el accionar de alguna de ellas.


Por lo anterior, es absolutamente necesario traer nuevamente el tema a la agenda pública.


No quisiera terminar sin recordarle a los actores algunas de las acciones que se esperaba de ellos: Al Gobierno Nacional le correspondía estudiar a fondo esta problemática y crear un sistema de información que permitiera tener datos confiables. El Congreso, en concurso con el Gobierno debía analizar la viabilidad de tipificar la conducta o ajustar la normatividad a esta realidad.


La Fuerza Pública debía iniciar un trabajo profundo y sistemático de capacitación y de definición de los incentivos para su personal. Así mismo, debía incrementar sus controles sobre los resultados operacionales.


La Fiscalía debía reforzar las unidades responsables de la investigación, y adoptar las medidas necesarias para evitar que la presión social y mediática se traduzca en "falsos positivos judiciales".


La sociedad debía, ante todo, solidarizarse activamente con las víctimas.

Autor:
Juan Manuel Galán
Este artículo obedece a la opinión del columnista. Vanguardia Liberal no responde por los puntos de vista que allí se expresen.
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