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Marc Eichmann
Domingo 09 de agosto de 2020 - 12:00 PM

Dura Lex Sed Lex

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Alguna vez, circulando por las carreteras colombianas, ¿han sido multados por ir en una zona con límite de 30 kilómetros por hora, a 40 kilómetros por hora? Si, en esas zonas donde todo el mundo circula a ochenta y un grupo de policías pone soslayadamente una cámara y para a quienes sobrepasan el límite, multando a solamente a aquellos que no colaboran con nada o les cayeron mal.

En esas zonas, la gran mayoría de los conductores incumple la ley, pero el policía termina definiendo quien es multado a su antojo. La justicia funciona, sí, pero es selectiva y discrecional en manos del agente de tránsito que define a su gusto quien deberá tomar un curso de conducción.

Algo similar está ocurriendo con la justicia colombiana y los recientes mega casos en los que ha dictado medidas. Puede que Álvaro Uribe, Aníbal Gaviria y Andrés Felipe Arias hayan cometido imprudencias que hoy son ilegales. Pero, en realidad, ¿son estas imprudencias menores a las que por ejemplo cometieron aquellos que financiaron sus campañas políticas con dineros del narcotráfico u Odebrecht, o aquellos que nombraron en Fonade a políticos del clan de los Ñoños (no los Ñeñes) como recompensa por voltear una elección presidencial?

Nuestra clase política está llena de funcionarios que quebrantan la ley constantemente, y si la vara con la que se les mide es tan alta como la ha puesto nuestras leyes, el problema termina siendo la discrecionalidad que tienen los jueces, no para definir quien rompe la ley, sino quien termina siendo condenado. Un sistema así en teoría funciona y es imparcial, todo el que rompe la ley es condenado justamente, pero en la práctica termina siendo profundamente discrecional e injusto dando al poder judicial atribuciones sobre las otras ramas que lo hacen todopoderoso.

En parte las deficiencias en la administración de justicia provienen de esta realidad. Nuestro sistema legal, que tiene sus raíces en el derecho francés juzga a las personas contra lo estipulado en los códigos, a diferencia del sistema inglés, que incorpora la jurisprudencia para garantizar un trato más igualitario.

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