Martes 22 de Julio de 2014
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Miguel Angel Pedraza
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Viernes 21 de Junio de 2013 - 12:01 AM

Insensatez judicial contra las UTS

Autor: Miguel Angel Pedraza

Desde los juzgados y el Tribunal Administrativo no llegan buenas noticias para las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS). Producto de una demanda de restablecimiento de derechos, la entidad tendría que cancelar salarios y prestaciones a dos docentes por el orden de $8.000 millones, debido a que la justicia decidió aplicar una fórmula de liquidación salarial del año 1993, en contravía de la Constitución respecto de la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos.

Se sabe de otras dos demandas en curso, una de ellas ya fallada en primera instancia con el mismo argumento. Y se esperan muchas más de docentes, personal administrativo y de servicios generales, las cuales mal contadas sumarían algo así como $70.000 millones. O sea que la institución, a consecuencia de esos fallos de la justicia administrativa, estaría llamada a sucumbir. Ni más ni menos.

Pero hay algo que no cuadra, que huele mal, y no solamente por la desproporción en las cifras. Un proceso que se tramitaba en el Juzgado Sexto Administrativo, pendiente para fallo, depronto apareció radicado en el Juzgado Séptimo en descongestión, y en plena época del paro judicial se produjo la sentencia de primera instancia en contra de la entidad, cuando en las unidades ni sabían que el proceso había cambiado de juzgado. Después se consultaron los archivos y se pudo constatar una anotación falsa sobre el “envío del expediente”, apareciendo un registro de envío en septiembre 6 de 2012, cuando realmente en el sistema la anotación se registró pero el día 18 de enero de 2013. No le dio por nada a la Justicia, sino por incursionar en el campo de la ilicitud penal.

Algo no encaja, como si existieran intereses amañados e inconfesables. Además resulta insensato que los jueces y los magistrados en descongestión no hayan reparado en el impacto socioeconómico de sus decisiones, ignorando que de esa forma pueden acabar con el patrimonio educativo de más de 20.000 estudiantes. ¡Esto no huele bien!

Este artículo obedece a la opinión del columnista. Vanguardia Liberal no responde por los puntos de vista que allí se expresen.
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