Eso no es delito
Hace poco se anunció por parte de las autoridades locales, en especial por el alcalde Bohórquez, que el transporte informal debería ser elevado a la categoría de delito, entre otras razones porque este flagelo perjudica el cierre financiero de los sistemas de transporte masivo y no ofrece garantías a los ciudadanos.
Pues claro que no ofrece garantías, ya que es un transporte al margen de la ley. Y obvio que lesiona las finanzas públicas, pues es innegable que es un transporte irreglamentario, que no paga impuestos y que le quita muchos pasajeros a los sistemas legales.
Ese problema que es notorio en nuestra ciudad y que va en crecimiento, desafortunadamente hace rato se le salió de las manos a las autoridades, que ahora no pueden esconder las múltiples falencias del transporte público en un expediente de naturaleza penal. Elevar esa informalidad a delito es tanto como criminalizar las ventas ambulantes.
No creemos que sea por ahí la cuestión, máxime cuando existen leyes que establecen drásticas sanciones administrativas para esta clase de operaciones ilegales. Si se aplicara el Código Nacional de Tránsito correctamente, eso sería suficiente, sin necesidad de intimidar con cárcel un problema social desbordado.
Más allá de la imposición de sanciones, el asunto hunde sus raíces en esa pésima prestación del servicio de transporte masivo y en la paquidermia oficial, así en otros escenarios se afirme que el sistema está funcionando de maravilla y que las finanzas van bien. Eso no es cierto. Y si no que hablen los operadores privados y la propia ciudadanía.
Consciente el Alcalde de semejante problemática, es hora de reformular su propuesta. Pero no para convertir en delito la ilegalidad de esos “piratas”, sino para ejercer los controles con autoridad y para incentivar el uso de los sistemas legales a partir de la eficiencia y la calidad en el servicio. ¡Así debería ser!