Jueves 06 de Septiembre de 2018 - 12:01 AM

País de inocentes

Columnista: Rafael Gutierrez Solano

La presunción de inocencia es un postulado que garantiza a las personas no ser condenadas, sin antes haber sido oídas y vencidas en juicio. Los jueces son los facultados para decidir en derecho sobre las imputaciones que se formulan a los ciudadanos. De lo contrario el desorden sería imparable y retornaríamos a la época de la caverna. Me llamó la atención el comentario de un oyente de radio hace pocos días, al afirmar que en este país al parecer todos son inocentes. Y se pregunta: ¿dónde están los culpables? Sí, tiene la razón. En Colombia, donde el cúmulo de noticias malas nos asfixian sin parar, es difícil aceptar esa circunstancia.

En efecto, individuos de gran o menor prestancia social, económica o política son señalados de cometer delitos de tal magnitud, que los cargos no pueden ser gratuitos o sin fundamento, pues quienes los denuncian ya sean entes o autoridades, no se deben exponer a demandas por falsas denuncias, calumnias o injurias. Habrá casos en que los cargos no prosperan o carezcan de respaldo probatorio, pero la mayoría son fundados y prosperan. Entonces sí cabe preguntarse, ¿por qué siguen libres? La respuesta la dan las mismas leyes, expedidas por un Congreso de la Republica, cuya mayoría de integrantes no saben ni conocen de esas materias. Es más, la ignorancia supina de buena parte de ellos, es la única explicación de sus pobres y lamentables decisiones. Al fin y al cabo son producto de “la tierrita” o la voz del pueblo. Pobre pueblo. Así como se exige pronta y cumplida justicia de las instituciones judiciales, el reciente caso del Alcalde del Municipio del Rosal en Cundinamarca, -donde estuvieron a punto de morir linchados por una turba violenta, el juez, el fiscal, denunciantes y colaboradores del funcionario-, es el peor ejemplo de que la corrupción está logrando su propósito en las comunidades. Interroguémonos sobre si puede hablarse de validez y ponderación de los miembros de una sociedad que arremeten como salvajes contra servidores públicos encargados por la Constitución y la ley para examinar las conductas penales de los asociados. No sé si lo que se busca es premiar al hampón y flagelar al decente.

Autor:
Rafael Gutierrez Solano
Este artículo obedece a la opinión del columnista. Vanguardia Liberal no responde por los puntos de vista que allí se expresen.
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