Jueves 18 de Diciembre de 2014
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Ramiro Serrano
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Siempre que finaliza un año, tanto las empresas como las personas empiezan a proyectar el deber ser del año venidero.

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El artículo 24 de la ley 675/01 estableció como obligación a los constructores hacer entrega de los edificios “a más tardar cuando se haya terminado la construcción y enajenación del número de bienes privados que represente por lo menos el 51% de los coeficientes de copropiedad.”

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Uno de los problemas que más encontramos en las propiedades horizontales es la facilidad con que sus copropietarios son capaces de degradar y agredir con supuestos a los administradores y miembros de los consejos de administración.

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Una de las equivocaciones que tienen los dueños de inmuebles es que por tener la propiedad, creen tener la libertad absoluta sobre lo que se puede construir dentro de sus predios, a sabiendas de que quien se encarga de la proyección de las ciudades por medio de normas urbanísticas es el municipio y su incumplimiento no solo se puede alegar por vía administrativa, sino por vía judicial a través

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En muchas copropiedades se desea imponer la prohibición de tener mascotas en las unidades privadas; pero fallos de la Corte Constitucional y la misma ley 746/02 lo impiden al convertir su tenencia en un derecho fundamental.

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La reglamentación urbanística por medio del POT tiene como una de sus finalidades el de exigir a los gobernantes planificar las ciudades acordes a su crecimiento social y económico. De ahí que éstos son aprobados por un periodo de 12 años, tiempo superior a los planes de desarrollo municipal que solo se aprueban para el periodo de cada alcalde.

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Es muy lamentable ver la situación en que se encuentra la administración de justicia en nuestro país. Veamos algunos escenarios:

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En la historia de Colombia muchos presidentes han intentado adelantar programas innovadores para incentivar y facilitar la compra de vivienda, especialmente para las clases media y menos favorecidas de la población.

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El Senador Roy Barreras presentó un proyecto de ley por medio del cual se adiciona como requisito de validez al contrato de vivienda urbana, el de suscribir una póliza de seguros para garantizar el pago de los cánones de arriendo a los arrendadores.

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Durante el transcurso de esta semana se han generado varias noticias, donde nos previene del riesgo de arrendar en forma directa y nos demuestra que el ejercicio de la función arrendadora cada día debe profesionalizarse.

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