Viernes 18 de Abril de 2014
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Ramiro Serrano
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Jueves 25 de Julio de 2013 - 12:01 AM

Otro arancel judicial

Autor: Ramiro Serrano

Una de las formas para generar equilibrio social entre una sociedad, es que todos sus habitantes tengan derecho a la justicia. Por eso uno de los principios constitucionales es el derecho que tienen todos los ciudadanos a acceder a su pronta administración. Este principio no sería aplicable si no hablamos de la gratuidad de la justicia.

Esta, que cada día nuestros legisladores la han convertido más onerosa y privada con el resurgimiento de aranceles y de requisitos de procedimiento como es la conciliación para algunos procesos o el ingreso a una justicia privada como es el arbitraje y la amigable composición, alejan ese ideal de dar oportunidad a que todas las personastengan la posibilidad sin reparos a tener una pronta y equilibrada justicia.

Con la ley 1653 del 15 de julio de 2013, nace un nuevo arancel que obliga al demandante a cancelar el 1.5% de lo que se pretenda en cualquier proceso de reclamación dineraria, sin que estos valores excedan los 200 salarios mínimos legales mensuales. Estos dineros deberán ser pagado al Consejo Superior de la Judicatura y lo que se recaude irá al Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia; comprometiéndose la misma ley a que por dicho motivo no se podrá reducir el presupuesto actual destinado a esta rama del poder público.

Esta decisión jurisdiccional genera varias consecuencias a nuestro sano entender. Una, que la administración de justicia debe ser un servicio gratuito que debe prestar el estado y el fomentar cobros a ciertos sectores de una sociedad limita ese sentido universal para que todos puedan acceder a ella. Otra situación es que por culpa de este arancel a futuro nuestra justicia se le medirá estos ingresos dentro del pequeño e insuficiente presupuesto que le otorga el estado para su funcionamiento.

No inventemos fórmulas para que exista justicia entre desiguales, ni para poder argumentar que esta rama del poder público deba ser autosuficiente.

Este artículo obedece a la opinión del columnista. Vanguardia Liberal no responde por los puntos de vista que allí se expresen.
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