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Jueves 03 de Agosto de 2017 - 12:01 AM

Las asambleas no lo pueden todo

Columnista: Ramiro Serrano

Uno de los mitos jurídicos que se tienen en propiedad horizontal es que la asamblea general de copropietarios puede tomar cualquier tipo de decisión, así ésta sea contraria a la ley y a los mismos reglamentos.

El primer error es delegar las funciones que por ley y los reglamentos solo le corresponden a ese órgano. Las asambleas no pueden delegar la aprobación de los estados financieros, del presupuesto, el nombramiento del revisor fiscal o del consejo de administración, ni autorizar el gasto indeterminado del fondo de imprevistos, ni reformar reglamentos, y mucho menos delegar cualquier cambio urbanístico de la copropiedad. Estas funciones establecidas en la ley, como las de los reglamentos, son indelegables.

Otro error es creer que por ser el máximo órgano de la copropiedad puede aprobar y decidir sobre todo. Esto no es así. Acorde a la sentencia de la Corte Constitucional C-318/02 no podrán nombrar el administrador en los Edificios o Conjuntos donde exista consejo de administración; también la ley les prohibe situaciones como: imponer el pago de expensas comunes por cuotas iguales y no por coeficientes y hasta el de realizar aprobaciones sin el lleno de los requisitos legales.

Pero los errores más comunes se generan cuando con la misma premisa los copropietarios hacen asambleas extraordinarias sin el requisito legal: “de ser para una necesidad imprevista o urgente” y la utilizan para realizar aprobaciones donde se viola la ley, el derecho de terceros y hasta principios fundamentales. Tomo algunos ejemplos: tomar decisiones de carácter administrativo o de contratación, destituir un consejo de administración cuando no ha terminado su periodo argumentando falacias, hasta poner a la picota pública el honor de las personas.

La asamblea de copropietarios, es el máximo órgano pero sus obligaciones también son funcionales. El abuso en la toma de sus decisiones divide y daña la calidad de vida de los copropietarios; desvaloriza los inmuebles y lo triste es que sus decisiones se ven truncadas por fallos de impugnación y no por la racionalidad de sus habitantes.

Autor:
Ramiro Serrano
Este artículo obedece a la opinión del columnista. Vanguardia Liberal no responde por los puntos de vista que allí se expresen.
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