Jueves 22 de Marzo de 2018 - 12:01 AM

¿Y dónde está el inspector?

Columnista: Ramiro Serrano

Antes del surgimiento del nuevo Código Nacional Policía y de convivencia ciudadana, las diligencias de embargo y secuestro de bienes muebles, de secuestro de bienes inmuebles, procesos de restitución de inmuebles eran adelantados por las inspecciones de policía. Pero con el nacimiento de la Ley 1801 de 2016 y especialmente con el artículo 206, se le prohibe a estos funcionarios adelantar diligencias jurisdiccionales por comisión de los jueces.

Esta decisión legislativa ha llevado a un enfrentamiento entre el poder judicial y estas autoridades administrativas que no realizan dichas diligencias por mandato legal, pero tampoco la pueden realizar los jueces, ya que por entrada en vigencia del sistema oral requieren de mayor tiempo de presencialidad dentro de los procesos; llevando con esto a que la justicia en esta clase de procesos no sea efectiva, generando malestar a las partes que buscan soluciones de una pronta diligencia jurisdiccional.

Este argumento legislativo ha llevado a múltiples interpretaciones por parte de requerimientos del Consejo Superior de la Judicatura, tutelas y acciones en busca de dar una solución efectiva a este problema.

Afortunadamente fue aceptada por la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad de dicha norma, por la supuesta violación en la vulneración de los derechos al acceso y funcionamiento de la administración de justicia, ya que con dicha norma se estaría incumpliendo las decisiones judiciales, así como la eficacia de los derechos constitucionales.

Es necesario entrar a definir la viabilidad de que los inspectores de policía sigan cumpliendo con dicho encargo, porque no podemos recargar procesalmente a los jueces para el ejercicio de situaciones netamente operativas y que lo único que se está llevando con su determinación es llevar a que la justicia no cumpla con su deber; llevando a los particulares que utilicen otros medios para hacer efectivo su derecho.

El cumplimiento de los fallos judiciales no deben estar simplemente en cabeza de los jueces, sino que los otros órganos del poder público tienen que colaborar en que sus decisiones se cumplan.

Esperamos que este fallo solucione el obstáculo en que nos encontramos por más de un año.

Autor:
Ramiro Serrano
Este artículo obedece a la opinión del columnista. Vanguardia Liberal no responde por los puntos de vista que allí se expresen.
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