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Jueves 19 de Abril de 2012 - 12:01 AM

Arrendamientos para entes del Estado

Columnista: Ramiro Serrano

El 13 de abril de 2012, por mandato legal, nace la Ley 734, que reglamenta las diferentes modalidades de contratación del Estado como son la licitación pública, la selección abreviada, el concurso de meritos, la contratación directa y la de mínima cuantía. También se establecen los procedimientos para contratar servicios agropecuarios, de salud, promoción, de intermediación de seguros, los servicios de defensa y dirección nacional de inteligencias, como los contratos de arriendo de inmuebles, como la compraventa de bienes muebles e inmuebles para el Estado.

Dentro del contrato de arriendo establece ciertas normas para asegurar la trasparencia de la contratación en este tipo de servicios que requiere el Estado, así:

- Se podrán arrendar bienes inmuebles en forma directa, siempre y cuando existan las autorizaciones legales para hacerlo.

- Deberá realizarse un avalúo comercial que servirá como base para la negociación, este deberá ser realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o cualquier persona natural o jurídica de carácter privada que se encuentre inscrita en el Registro Nacional de Avaladores, como las lonjas inmobiliarias autorizadas para tal fin.

-El ente público que solicita el inmueble en arriendo deberá realizar un estudio previo donde contemple las diferentes alternativas en relación con las necesidades que se tienen, con el fin de escoger el predio con menor valor, de acuerdo con las características técnicas requeridas. Este estudio deberá quedar inserto al respectivo expediente de contratación.

- Para el contrato de arrendamiento de inmuebles con entes del Estado, no se podrán imponer garantías y el arrendador debe someterse a la reglamentación establecida en la presente norma.

- Quedan exceptuadas de la anterior reglamentación las que en forma específica se encuentren en las leyes de la reforma urbana y reforma agraria, como las establecidas en el artículo segundo de la Ley 1150 de 2007.

Aunque con esta normativa lo que se quiere es llegar a la trasparencia administrativa, la cantidad de requisitos y estudios para llegar a finiquitar un contrato de arriendo lo hacen poco llamativo para el arrendador, por su procedimiento y recaudo.

Autor:
Ramiro Serrano
Este artículo obedece a la opinión del columnista. Vanguardia Liberal no responde por los puntos de vista que allí se expresen.
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