Viernes 19 de Septiembre de 2014
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Samuel Chalela
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Viernes 21 de Junio de 2013 - 12:01 AM

El cascabel al gato móvil

Autor: Samuel Chalela

Esos refritos sancionatorios que despiertan el asombro de los que vigilan y controlan. Esas cosas que la ciudadanía viene viendo y sufriendo tanto, que ya parece tan acostumbrada y anestesiada. Se habla ahora de una eventual sanción multimillonaria (la más cara jamás impuesta, dicen) a uno de los operadores de telefonía celular por violar normas de protección a la competencia mediante obstaculizaciones a los trámites de libre elección de operador por parte de los usuarios. Apenas hoy meneando en el plano sancionatorio, lo que venimos padeciendo desde hace casi 20 años: que el sistema se cae cuando queremos cancelar el servicio, que todo falla y el trámite es kafkiano cuando queremos cambiar de operador, que pasar a un plan más caro es fácil, pero pasar a uno más barato es como desarmar un balín, etc. Entonces pasarán no sé cuántos años más para que los dramas de ahora –nada más y nada menos que la carencia del servicio- sean objeto de sanción y, sobre todo, de resarcimiento a los usuarios.

No conozco a nadie a quien le hayan reducido el monto de la factura por las fallas en el servicio, en cambio a todos los que conozco sí se les caen las llamadas y pasan horas sin poder navegar o acceder a datos. ¿Qué tan difícil es establecer que el hecho de cobrar por un servicio que no se presta o se presta solo parcialmente es un incumplimiento?

Los operadores hoy todavía tienen un contrato de concesión con el Estado, es decir, no prestan el servicio en desarrollo de la libre iniciativa privada o de la habilitación general a la que se refiere el Ley 1341 de2009.

La telefonía móvil es un servicio público, y es un hecho social universal palpable que la comunicación de hoy se cursa más a través de los dispositivos móviles que de cualquier otro adminículo. Entonces el incumplimiento del servicio no es sólo con el usuario (e indirectamente con quien dice ser su protector: el Estado), sino directamente con el Estado mismo por virtud de ese contrato de concesión del que se valen los operadores para reclamar, mediante cuantiosas demandas, supuestos desequilibrios cuando cualquier cosa que les exige mayor esfuerzo acontece.

El Estado, más allá de sancionar como protector de los usuarios, tiene que reclamar el incumplimiento como contratante.

Este artículo obedece a la opinión del columnista. Vanguardia Liberal no responde por los puntos de vista que allí se expresen.
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