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Viernes 20 de Abril de 2012 - 12:01 AM

El “cristinazo” al desangre

Columnista: Samuel Chalela

Lo dice la Constitución colombiana (art. 58), la argentina (art. 17) y también la española (art. 33), al igual que las Cartas Políticas del mundo civilizado. Se respeta la propiedad privada, pero con un límite: la utilidad pública y el interés social, para cuya preservación puede proceder la expropiación con indemnización.  ¿Podría la opinión ver sin apasionamiento colonial ni ingenuidad mediática algunos datos concretos de lo que ocurrió con YPF-Repsol? Después, cada quien a su tinglado.  


La expropiación (intervención o estatización) no es un engendro delictivo; está en las leyes internacionales, no es como un encarcelamiento sin proceso, ni una violación democrática como un golpe de Estado. Entonces lo que está en el centro de esta crisis histérica, con amenazas arrogantes lanzadas entre ceceos, son los motivos, la suficiencia de estos para ser razones de utilidad pública.    
Indudablemente el manejo de la explotación de hidrocarburos puede salvar o desbarrancar a cualquier sociedad organizada. Es estratégico. En los nueve primeros minutos del discurso (véalo en youtube), la Kirchner dio datos que Rajoy en su bravuconada cargada de frases vacías no ha ni siquiera controvertido. Además de recuperar la soberanía energética, señaló que “hubo motivos más fuertes aún”, haciendo alusión a que Argentina, después de la privatización de YPF en los noventa, ha venido decreciendo en producción de hidrocarburos, hasta llegar a la bochornosa situación del 2011, cuando tuvo que importarlos por una cifra cercana a todo el superávit comercial argentino. Desde 2006 se identificó una “política de vaciamiento”, de no producción y no exploración, y sin embargo con reparto de utilidades ibéricas. Esto llevó al deterioro precipitado de las reservas argentinas de hidrocarburos; a importar gas, a pesar de ser el tercer país en el mundo con reservas de shale gas, según la Agencia de Petróleo y Energía de Estados Unidos.


Colombia, en una jugada de oportunidad propia del póquer, solo dijo “aquí no expropiamos”; claro: Ecopetrol es mayoritariamente estatal y quien haga explotación petrolera debe tener un contrato con la ANH que, de no cumplirlo en inversión y exploración, le será terminado. Argentina era la única nación latinoamericana sin control sobre sus recursos petroleros.
Así que hay más tela para cortar. De los procedimientos y los montos se ocuparán los pleitos arbitrales que vendrán. Es que hacer negocios con recursos de interés público exige algo más que utilidades: responsabilidad.

Autor:
Samuel Chalela
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