Sábado 17 de Febrero de 2018 - 03:02 PM

Se busca empresario

Columnista: Sergio Arenas

En Colombia, se crearon 323.265 empresas en 2017, que equivalen a un crecimiento del 7,3% respecto del año anterior.

Pero ¿nadie se pregunta cuántas se cierran? El 78,3% de las empresas se mantienen el primer año; el 61% llegan al tercer año y solo el 42,9% alcanzan los cinco años. Esto no quiere decir que las que superan los cinco años hayan logrado éxito. El Gobierno ha promulgado normatividad relacionada con incentivos para la creación de nuevas empresas, como la Ley Projoven (Decreto 639 de 2017), en la cual se exonera del pago de matrícula mercantil. Además, los gremios brindan el soporte y la asesoría para la puesta en marcha de los nuevos negocios. Pero una cosa es empezar; y otra, mantenerse. Una vez se crea la empresa, se convierte en “objetivo militar” del Estado, y como si nos remontáramos a la década de los noventa, se activa “el bloque de búsqueda”, y aquel empresario que un día decidió crear empresa pasó a ser un presunto delincuente. El Estado, en cuanto a la carga tributaria, les traslada su incompetencia de recaudo a los nuevos empresarios, y presume el éxito de la empresa al convertirse en un accionista de solo utilidades; pero las estadísticas muestran otra cosa.

Cualquier intención de crecimiento queda sepultada al colgar en el cuello de los empresarios más de 21 obligaciones legales. La extensa y confusa normatividad exige que el representante legal sea una especie de investigador de la interpretación jurídica, porque una cosa es la ley; otra la que las instituciones (Dian y Superintendencias) emiten mediante conceptos y otra la que dicen los jueces. Las mil y una interpretaciones llevan al empresario a tomar decisiones que finalmente serán objeto de reproche por los organismos de vigilancia y control, bajo la presunción de mala fe en contra del empresario. Es aquí donde pareciera que la política de Estado frente a los empresarios fuera la de obtener un botín adicional a las cargas legales ya impuestas, con la apertura de investigaciones administrativas por los presuntos incumplimientos de las normas, mediante la imposición de multas impagables, lo que ha llevado a que muchas empresas cierren sus operaciones.

 Los empresarios deben construir país mediante la carga tributaria. Eso no está en discusión; pero lo que sí es inadmisible es la puesta en marcha de campañas de recaudo, mediante las investigaciones desproporcionadas y bajo la interpretación de la misma autoridad que impone la sanción.

 

Autor:
Sergio Arenas
Este artículo obedece a la opinión del columnista. Vanguardia Liberal no responde por los puntos de vista que allí se expresen.
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