Miércoles 28 de Febrero de 2018 - 12:01 AM

Informal, pero legal

Columnista: Sergio Arenas

Resulta asombroso entender cómo la política de Estado frente a la informalidad en el comercio (Sentencia T-424 del 4 de julio del 2017, Corte Constitucional) termina siendo protegida por la misma Ley, con el famoso cuento de la protección a los derechos fundamentales de los vendedores informales. Me pregunto, ¿cuáles derechos?

El proteccionismo y paternalismo del Estado desborda su lógica y sus proporciones, en donde más que un análisis jurídico de las normas aplicables termina siendo una quimera del deber ser que se aleja fatídicamente de la realidad económica del país, su equilibrio y autosostenibilidad.

Desde la idea filosófica y romántica del Estado social de derecho resulta fácil emitir fallos irresponsables y desmedidos que reconocen derechos a los vendedores informales y garantizan su funcionamiento en los lugares públicos de las ciudades.

La protección a la integridad del espacio público que se establece en el artículo 82 de la Constitución Política como el norte y principio fundamental y respetable queda calcinada por el fuego apocalíptico con este tipo de decisiones.

Tiene razón la administración municipal en su inoperancia al momento de recuperar el espacio público, si la misma jurisprudencia deja en cenizas la facultad legal que tienen los alcaldes de atacar la informalidad, pues le impone la carga de verificar la vulnerabilidad del informal y le exige prácticamente solucionar la vida de estas personas con la excusa altruista de las barreras de acceso al mercado laboral.

Según la Corte la venta informal es una forma de precariedad laboral que pone al individuo en situación de vulnerabilidad, ya que se trata de trabajos mal remunerados, inexistencia de estabilidad laboral, falta de afiliación al sistema de seguridad social y de salud e ingresos fluctuantes, que en su conjunto limitan la posibilidad de autodeterminación del individuo, como si estos conceptos no los tuvieran miles de empresas que han tenido que acudir a procesos de liquidación y de reorganización empresarial generadas en su mayoría por la misma persecución del estado al sector privado formal.

El Estado da subsidios; la empresa privada, oportunidades de crecer.

Autor:
Sergio Arenas
Este artículo obedece a la opinión del columnista. Vanguardia Liberal no responde por los puntos de vista que allí se expresen.
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