Domingo 21 de Enero de 2018 - 12:01 AM

Lo que nadie vio (¿ni verá?)

Columnista: Sonia Diaz Mantilla

En Colombia hay 76 curadores urbanos, distribuidos en 36 ciudades. Los escoge el Departamento Administrativo de la Función Pública para un período individual de 5 años. Son responsables disciplinaria, fiscal, civil y penalmente “por los daños y perjuicios que causen a los usuarios, a terceros o a la administración pública en el ejercicio de su función pública”.

Pero (viene el pero) no controlan ni verifican obras, ni se les puede requerir cuando se violan las normas de uso del suelo.

Muy bonito todo lo concerniente a la labor de estos 76 ciudadanos y ciudadanas, pero revisan solo papeles y creen en la buena fe de quienes les solicitan las licencias (cuando pasan por su escritorio), que deben ser pagadas para iniciar obras.

Por lo anterior y por muchas otras circunstancias, los habitantes de los 16 edificios que en Cartagena amenazan con colapsar están a la deriva. Los curadores se lavarán las manos diciendo que no es su responsabilidad (y no o es en la norma) porque los edificios no tenían licencia de construcción y como esto puede empeorar, los hizo la misma constructora a la que se le cayó el año pasado un edificio en Blas de Lezo, donde murieron 20 personas.

Aquí no se puede hablar de falta de institucionalidad, porque sobran las oficinas, departamentos administrativos, secretarías de despacho y un larguísimo etcétera por donde han debido pasar los controles para estos constructores, pero que nadie revisó.

¿Será muy difícil para los administradores públicos darse una vuelta por las ciudades que les conciernen y verificar si por lo menos las construcciones cuentan con los permisos mínimos? Yo creo que no. ¿En Cartagena nadie se dio cuenta que estaban construyendo 16 edificios sin ningún permiso? Lo dudo. ¿Ninguno de los propietarios se interesó en pedir los documentos que acreditaran la idoneidad de la construcción, si se tiene en cuenta que allí iban a parar sus ahorros e inversiones? Nadie se lo cree.

Pero así fue. Los edificios se hicieron sin el cumplimiento de las normas, una investigación universitaria (por lo menos alguien se preocupó por averiguar) determinó que no son habitables, la fiscalía ordena desalojarlos y la gente no se quiere ir.

Welcome to the jungle.

Autor:
Sonia Diaz Mantilla
Este artículo obedece a la opinión del columnista. Vanguardia Liberal no responde por los puntos de vista que allí se expresen.
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