La tarea es, pues, inmensa y pone en evidencia que los analistas muchas veces especulan sin ton ni son y que fue un inmenso desatino el haber eliminado el Ministerio de Justicia.
Publicado por: REDACCIÓN EDITORIAL
El Presidente Santos Calderón informó que había escogido al doctor Juan Carlos Esguerra Portocarrero como nuevo ministro de Justicia, una vez esta cartera sea recreada.
En Colombia, desde los años 50 del siglo XX, o desde antes, diversos columnistas y comentaristas de los hechos nacionales -con tono doctoral- afirmaban que el Ministerio de Justicia no era necesario pues esa cartera solo manejaba algunas dependencias administrativas no sustantivas como el Inpec que podrían adscribirse a otras dependencias estatales. Esa tesis, adobada en el tiempo, sirvió de fundamento al entonces Presidente Álvaro Uribe Vélez para suprimir dicho Ministerio y adscribir sus funciones a la cartera del Interior. El desbarajuste que ello provocó demostró, en menos de una década, que se había incurrido en un gran error.Ahora bien, la nueva creación del Ministerio de Justicia no solucionará los graves problemas que en tal frente de la administración pública hay, pero, en adelante, un experto en temas de justicia y administración pública los enfrentará y buscará que las cosas marchen mejor. Ello ocurrirá si a poco andar no se comete la torpeza de usar tal cartera para cuadrar cuotas burocráticas y darle gusto a los caprichos de este o aquel ávido grupo político.
Muchas son las tareas atrasadas por hacer que tiene el nuevo titular del Ministerio de Justicia y todas espinosas, como acometer atinadas políticas de descongestión judicial; enderezar el sistema oral acusatorio en lo Penal; implementar el sistema verbal en los procesos civiles, laborales y Administrativos; lograr partidas presupuestales suficientes para que lo anterior sea posible y –además- para que la Fiscalía pueda cumplir satisfactoriamente las funciones que en su cabeza tiene; adecuar la infraestructura; obtener partidas para dotar de tecnología actualizada a la justicia; reformar la Ley de Justicia y Paz; diseñar una acertada política criminal del Estado; implementar la política de lucha contra las drogas; expedir un nuevo estatuto de estupefacientes y un Código Penitenciario; reformar el Inpec; implementar la defensa jurídica de los intereses de la Nación en procesos ante la Justicia ordinaria. Lo anterior, ciclópeo, es solo parte de la tarea del nuevo ministro.
Además, debe propiciar acuerdos sobre temas álgidos entre el gobierno y la Rama Jurisdiccional; definir si es o no atinado dar a notarios, abogados litigantes y conciliadores funciones temporales de jueces; definir el futuro de la Comisión de Acusaciones; impulsar la reforma de los Códigos de Procedimiento y de arbitramento.
La tarea es, pues, inmensa y pone en evidencia que los analistas muchas veces especulan sin ton ni son y que fue un inmenso desatino el haber eliminado el Ministerio de Justicia.
