El paraíso de las influencias

Esta semana, el país se enteró de un suceso que de ocurrir más a menudo, culminaría con un altísmo porcentaje de los servidores públicos suspendidos de sus funciones. Sobre todo, los de rango alto.

De hecho, si la decisión que tomó uno de los organismos fiscalizadores de investigar por tráfico de influencias a una parlamentaria se convirtiera en la regla y no en una curiosa excepción, el Congreso de la República terminaría prácticamente desierto por la inasistencia forzada de casi la totalidad de sus miembros.

Sí. La apertura de investigación disciplinaria contra la Representante a la Cámara Lucero Cortés por parte de la Procuraduría, por presunto tráfico de influencias ante la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura sobre un proceso que por estafa se seguía contra su esposo, constituye sin lugar a dudas una de esas noticias que lamentablemente pueden considerarse como extrañas. Particularmente en Colombia.     

Es que ni siquiera resulta indispensable leer un diario o ver un noticiero de televisión, para saber cómo se mueven los asuntos en este país. En su vida diaria, cualquier ciudadano del común sabe por experiencia propia que todo lo que inmiscuya al Estado de cualquier manera, se mueve por influencias.

Desde acceder a un cargo público a los que supuestamente se llega por la famosa meritocracia, pasando por las licitaciones públicas y los contratos que firman las dependencias oficiales, hasta cualquiera de los infinitos trámites que es necesario realizar ante las tres ramas estatales, la verdad incuestionable es que las influencias y más concretamente el tráfico de las mismas es la moneda circulante.

  Ahora, luego de conocer la noticia, la pregunta que debería formularse la opinión pública es ¿qué pasaría si los entes fiscalizadores cumplieran en un mínimo con sus obligaciones e investigaran y sancionaran así fuera al uno por ciento de los que incurren en tan perversa práctica del tráfico de influencias?

La respuesta se encuentra en los dos primeros párrafos de este escrito. Y es que si efectivamente se castigara el tráfico de influencias como lo exige la ley, además de dejar a un sector público casi desierto, el aparato estatal sin duda alguna funcionaría de manera más eficiente. Porque otra de las secuelas claras y directas de ese vicio tan perverso, es que no permite que en los despachos públicos se ponga primero el interés de la ciudadanía, como se supone que debería ser.