El informe de la Contraloría sobre el agua

TODO LO QUE HIZO URIBE Y SUS AMIGOS PARA MANEJAR UNA BOLSA BILLONARIA PARA INFRAESTRUTURA DEL SECTOR DE AGUA Y LA ENTREGA DE LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE APROXIMADAMENTE 1000 MUNICIPIOS QUE LOS DENOMINÓ NO CERTIFICADOS, JURÍDICAMENTE FUE ASÍ EL FRACASADO PLAN:    “Frente a los alcances de la Autonomía Administrativa de los Municipios y Departamentos,  en el gasto público del sector de AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO,  el artículo 4 de la ley 1176 de 2007, que modificara la ley 715 de 2001, lo reglamentó. De igual forma deben acatar la normativa en materia de servicios públicos domiciliarios que reglamenta la ley 142 de 1994 frente a la prestación de dichos servicios. Durante el periodo presidencial 2006 a 2010, debieron, Con persuasión de Contralorías y Procuraduría, acoger la Estrategia del Gobierno Nacional en materia de los Esquemas para el Manejo Empresarial de Agua y Saneamiento Básico, contenidas en las leyes 1176 de 2007 y 1151 de 2007 en sus artículos 91, 92, 93, 94 ,95, 96 ,99,100 y 118.  Reglamentada a través del Decreto 3200 de 2008, por el cual se dictan normas sobre PLANES DEPARTAMENTALES PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS  DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO.   Dichos planes departamentales de agua, tenían un propósito Centralizador, POR LA VORACIDAD DEL GOBIERNO NACIONAL DEL MANEJO DE LOS RECURSOS ASEGURADOS DEL 5% DEL SGP,CON LA LEY 1176 . Éstos PLANES, consistían en que los concejos municipales y las asambleas departamentales autorizaban a sus respectivos alcaldes y gobernadores a comprometer un mínimo de ocho años de vigencias futuras de  hasta un 85% del sector de agua y saneamiento básico del SGP y de regalías si deseaba. Y, el gobierno nacional aportaba un porcentaje Risible. Todo se giraba a una sola bolsa que la administraba un patrimonio autónomo. Los proyectos a financiar los priorizaba, viabilizaban y ejecutaba el gobierno nacional o un operador definido por él mismo.  La ley 1176 de 2007 en su artículo 4, no sólo modificó y estableció las competencias de los Distritos y Municipios, sino también los requisitos de estas entidades territoriales, para poder certificarse para el manejo y administración de los recursos del SGP del   de Agua y Saneamiento básico. Es decir les condicionaron a los municipios  el giro de los recursos de dicho sector sino cumplían entre otras, con lo siguiente: Creación y puesta en funcionamiento del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos; Aplicación de la estratificación socioeconómica, conforme a la metodología nacional establecida; Aplicación de la metodología establecida por el Gobierno Nacional para asegurar el equilibrio entre los subsidios y las contribuciones para los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo; Transformación empresarial;  Aplicación de las metodologías tarifarias expedidas por la comisión de regulación; Reporte de información al Sistema Único de Información de Servicios Públicos;  Cumplimiento de las normas de calidad del agua para el consumo humano, establecidas por el Gobierno Nacional”. ¡¡¡¡¡ACCIONES DE NULIDAD PARA DEVOLVERLE LOS RECURSOS COMPROMETIDOS CON VIGENCIAS FUTURAS DE LOS MUNICIPIOS. LLAMAR 3208036090.