Cuando la justicia sí quiere

En el último año y medio, el país ha seguido como si se tratara de un apasionante libro de misterio o una serie de televisión de suspenso, el proceso que desarrolla la Fiscalía General de la Nación para dar con los asesinos del joven universitario Andrés Colmenares con el fin de llevarlos a la justicia.

Sobre el caso se han tejido todo tipo de conjeturas que el organismo investigador se ha encargado de desechar en algunas oportunidades y confirmar en otras. Lo cierto es que la batalla legal entre los fiscales y los defensores ha ocupado no solo periódicos y noticieros de radio y tv, sino las conversaciones diarias de millones de colombianos.

Hasta ese punto, y lamentando la muerte del estudiante, todo se puede catalogar como un acontecimiento de los que suceden por miles y a diario a lo largo y ancho del mundo.

Por esa razón, lo que realmente debería llamar la atención, es que en Colombia este caso se haya convertido en la excepción y no la regla.

Y no por el asesinato en sí mismo. No. La excepción lamentablemente no consiste en que un joven colombiano haya muerto víctima de la violencia y la intolerancia. La peculiaridad de este suceso, es que como en muy contadas ocasiones anteriores, el aparato judicial de este país haya dedicado los recursos y destinado los esfuerzos necesarios para determinar y llevar ante un juez a los responsables.

Puesto en otras palabras, cuando la justicia de este país quiere, cuando realmente se propone quebrarle el espinazo a la impunidad, lo logra.

El problema y la desgracia que aquejan a esta sociedad, es que pocas veces lo desea. Y de ahí la explicación a los vergonzosos índices de criminalidad que permiten que Colombia sea territorio de delincuentes de todas las calañas, quienes operan a sus anchas amparados en los paupérrimos índices de efectividad de la justicia.

Los casos de Andrés Colmenares así como el de los estudiantes Margarita Gómez y Mateo Matamala, quienes fueron asesinados en 2011 durante un viaje de campo a Córdoba requerido para su carrera universitaria, tienen varios rasgos en común. Ambos sucesos involucraron a alumnos de la Universidad de los Andes, una de las más prestigiosas del país y por lo tanto más proclives a despertar la atención de los medios. Los dos fueron objeto también del seguimiento tanto de los periódicos, la radio y la televisión, como de la presión de la opinión pública para encontrar a los culpables. Y finalmente, en uno y otro los organismos investigadores fueron capaces de presentarle resultados a la ciudadanía.

Queda así en evidencia, no solo que uno de los ingredientes del problema es la falta crónica de voluntad de la justicia; sino lo que es peor, que esta voluntad sólo se activa cuando los medios de comunicación y la sociedad la presionan.  

Finalmente, las preguntas que quedan en el aire derivadas de todo este asunto son ¿cuántos expedientes similares pasan desapercibidos y se limitan a recorrer el vergonzoso camino hacia los archivos, porque no existe el más mínimo interés por esclarecerlos?

Y lo que es peor aún, ¿cuántos casos como los anteriores podrían evitarse en el futuro si en el país entero existiera la convicción absoluta de que quien la hace la paga?