Pasado el momento crítico que vivió el país con el hundimiento de la Reforma a la Justicia, es hora de empezar a hacer balances de lo que le costó a la nación el bochornoso capítulo vivido con el hundimiento de este Acto Legislativo.
El primer saldo es institucional, pues la fallida iniciativa dejó resquebrajada la imagen de las instituciones y su relación. Según la encuesta realizada por Gallup, el presidente Santos tuvo una caída de 17 puntos en su imagen de favorabilidad y su gestión solo tiene un 48% de aprobación. Una caída tan estrepitosa en la popularidad del presidente no se veía desde Ernesto Samper y el Proceso 8.000.
Por los lados del Congreso, cuyo actuar generó la indignación de la ciudadanía al haber convertido una iniciativa dirigida a la justicia en todo un manual para evadir la acción de la justicia misma, sufrió el peor golpe en su credibilidad. Con un 69% de imagen desfavorable, el Congreso se convierte en la entidad con la imagen más negativa en todo el país.
También perdieron las Altas Cortes, pues su imagen favorable no sobrepasa el 55%. El país quedó incómodo con su silencio.
Además, las acusaciones cruzadas sobre la responsabilidad del esperpento jurídico tampoco dejaron nada bueno. El Presidente tuvo que acudir a un mecanismo cuestionado jurídicamente, como lo es haber objetado un acto legislativo, para frenar la iniciativa, al tiempo que acusaba al Congreso de haber obrado a sus espaldas. Y el Congreso, en respuesta, acusó al Gobierno de hacerlos parecer los victimarios, cuando nada se había hecho sin su aprobación. El resultado: el resquebrajamiento de la Unidad Nacional. No será fácil para el Gobierno Santos mover sus iniciativas en la próxima legislatura, pues de seguro los congresistas le van a cobrar al Presidente el haberlos señalado de la forma en que lo hizo.
En costos económicos, la fallida Reforma a la Justicia le significó al país 5.444 millones de pesos, y si se insiste en el referendo revocatorio, habrá que sumarle 144.000 millones más.
Pero tal vez el costo más alto de este capítulo lo pagará la justicia, pues se perdió una oportunidad de oro para introducir verdaderos cambios al sistema judicial que se reflejaran en una menor impunidad, en oportunidades de acceso a la justicia, en descongestión y en la forma como los ciudadanos se acercan al poder judicial.
Este era el propósito inicial cuando el Gobierno empezó a hablar de reforma. Dos años después, la iniciativa terminó desfigurada y finalmente enterrada, por el actuar irresponsable y mezquino de todos los que hoy son responsables.

