El temor principal en estos casos es el de que la misma clase política a la que se quiere moralizar o, incluso revocar, esté medrando a la sombra de la iniciativa y bajo el disfraz de la participación popular y con el presupuesto de la voluntad de la mayoría, tome por su cuenta las riendas de estas altas instancias
Publicado por: REDACCION EDITORIAL
Un grupo de colombianos, expresando lo que la mayoría de la opinión pública exteriorizó en momentos en que el escándalo de la Reforma a la Justicia estalló, está planteando una Constituyente con el objetivo primordial de replantear, entre otras cosas, lo que consideran fragilidades, imprecisiones e inconveniencias de la actual Carta Magna.
Sin duda es plausible la iniciativa de estos ciudadanos y, de hecho, es legítima en tanto está contenida en la misma Constitución y es base sustancial de las garantías ciudadanas en la medida en que convoca al constituyente primario que es el pueblo, a reflexionar y, dado el caso, reformar la guía fundamental que regula su vida en comunidad.
Sin embargo, es necesario a estas alturas considerar con sensatez esta clase de iniciativas que, como lo hemos sostenido en otros casos, por el hecho mismo de originarse en agitadas coyunturas que acaloran el ánimo y vician la razón, no siempre se cimientan como es debido. Así mismo, suelen perder la trayectoria hacia el objetivo que en un principio se fijó y más bien toman rumbos inopinados y no siempre favorables para la sociedad.
El temor principal en estos casos es el de que la misma clase política a la que se quiere moralizar o, incluso revocar, esté medrando a la sombra de la iniciativa y bajo el disfraz de la participación popular y con el presupuesto de la voluntad de la mayoría, tome por su cuenta las riendas de estas altas instancias de las instituciones democráticas para manipularlas y, en lugar de recibir el veredicto reprobatorio a sus malas prácticas, renueve artificiosamente el beneplácito popular de su cuestionada actividad.
Es importante advertir que en este caso no ocurre lo que se dio en 1990 con el que la historia bautizó como el Movimiento de la Séptima Papeleta, que tuvo un origen espontáneo, exclusivamente popular y quienes convocaron y movilizaron la opinión fueron jóvenes y estudiantes universitarios de todas las tendencias ideológicas, lo que motivó el entusiasmo general y el apoyo del Gobierno para que todo terminara en la Constitución de 1991 que hoy nos rige.
Ahora lo que existe es la propuesta de un sector político del que no se debe, prejuiciosamente, dudar sobre sus buenas intenciones, pero que no puede tampoco garantizarle a la Nación que en el trámite proselitista que necesariamente hay que hacer de la propuesta constituyente, no se extravíe el propósito inicial y lleguemos a resultados que contradigan en un todo lo que ahora los ciudadanos quieren combatir.
Indudablemente los deplorables incidentes que enterraron la Reforma a la Justicia dejaron ver la necesidad de reformar al Congreso de la República, pero antes que arriesgarnos con una impredecible constituyente, podríamos con menor costo económico y político para la Nación, afrontar con mayor responsabilidad y masiva participación las próximas elecciones legislativas y hacer valer el poder soberano que reside en el voto para no reelegir la corrupción y buscar la renovación de nombres y costumbres de esta desprestigiada pero fundamental rama del poder público.
