Enseñar a respetar los recursos públicos

La Contraloría de Bucaramanga, en cabeza de Magda Milena Amado Gaona, le presentó al Concejo una iniciativa bastante llamativa: crear en los colegios oficiales la figura de las Contralorías Escolares.

Por medio de esta figura, se pretende que dentro del gobierno estudiantil se designe un contralor, para que ejerza el control fiscal de los recursos del colegio y sea veedor del buen uso de los bienes y los recursos públicos. Serían contralores los estudiantes de los grados décimo y undécimo y su tarea contaría con el respaldo de la Contraloría Municipal.

Según explicó Gaona, con esta figura se pretende que desde el colegio los jóvenes entiendan que la gestión de los recursos públicos es algo que compete a todos y un ejercicio de participación ciudadana.

Lo que se quiere es que las nuevas generaciones conozcan cómo es el manejo de lo público y desde este conocimiento sean ciudadanos más conscientes de que los dineros de los contribuyentes están allí para desarrollar proyectos específicos que beneficien a todos. Por eso, el contralor estudiantil tendrá que saber cómo se invierte el dinero que se le asigna a su colegio.

La Contralora se la jugó por esta iniciativa, tomando como ejemplo la experiencia de Medellín, cuyo Concejo Municipal aprobó un proyecto similar desde el 2010 que ha sido considerado como exitoso.

Sin embargo, al Concejo de Bucaramanga no le gustó la iniciativa. Lejos de ver un programa de formación de ciudadanos participativos y de paso tener un ojo avizor sobre la manera en que se manejan los presupuestos de los colegios, el Concejo municipal consideró la iniciativa como peligrosa. Según Cleomedes Bello, principal opositor del proyecto, los niños no tienen competencia para fiscalizar recursos y una iniciativa como esta podría llevar a que los rectores sean víctimas de amenazas por parte de los estudiantes que ostentarían el cargo.

Además, el Concejo consideró que los rectores y sus equipos de trabajo eran los responsables de fiscalizar el manejo de los recursos estatales, pero no los estudiantes.

Cuando se ve que la corrupción es un mal tan grande del país, que parece que estuviera ya en el ADN de los colombianos, iniciativas como esta deberían considerarse con mayor atención y cuidado.

Uno de los grandes problemas que afronta nuestra sociedad es que precisamente los recursos estales no son vistos como algo sagrado, sino como la oportunidad de enriquecerse de una manera fácil.

Sacar “tajada” de una contratación con el Estado se volvió algo tan común, que todos los que contratan con una entidad oficial saben que dentro de sus cuentas deben incluir también la comisión que deben pagar a todos los que ayudaron a que saliera el contrato. Y no pasa nada.

Por eso, una iniciativa que pretenda enseñar desde el mismo proceso de formación de los ciudadanos que los recursos estatales solo pueden utilizarse para los fines para los que son girados y que es responsabilidad de los administradores ejecutar las tareas que les son encomendadas, debería recibir el apoyo y el aplauso de quienes tienen la tarea de formar ciudadanos responsables, participativos y, sobre todo, comprometidos en construir una sociedad sin corrupción.

Enseñar que los dineros públicos son inviolables es tal vez una de las grandes moras de la educación en Colombia.