Mientras en torno a la Justicia buena parte de los medios de comunicación siguen hechos tales como las incidencias de algunos procesos penales que han despertado las fibras emocionales de la opinión pública, los entretelones de la elección de un magistrado de la Corte Constitucional, uno u otro fallo de alguna de las Altas Cortes, los jueces y funcionarios judiciales de todo el país se adentran en el laberinto de enfrentar con las uñas la cotidianidad de su labor.
Sin que el país haya tomado plena conciencia de ello, la Justicia está en el umbral de profundos cambios implementados sin mucho ruido, que aún no han sido analizados debidamente, y más de un conocedor de ellos es escéptico frente a mucho de lo que vendrá.
Acaba de ser sancionado por el Presidente el Código General del Proceso, que regulará la actividad procesal de los pleitos de carácter Civil, Comercial, de Familia y Agrarios. Ya algunas de sus normas entraron en vigencia, otras lo harán en poco tiempo y en todo el país regirá en su integridad a partir del 1° de enero de 2014.
Este Código, obra de estudiosos colombianos, producto en buena parte de las investigaciones que ha hecho el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, si bien impone que todos los procesos se tramiten en forma oral, desde ya se sabe que está más acorde con nuestra realidad que la oralidad penal, la que está condenada al colapso, por haber sido mal trasplantada en gran medida de la Justicia puertorriqueña, dentro de parámetros de la Justicia estadounidense, ajenos a nuestro medio y cultura jurídica.
Hace poco se sancionaron los Códigos Administrativo y Procesal Administrativo, que entrañan también un profundo revolcón en esta Justicia.
La Justicia Laboral, a su vez, se adentra en la oralidad y vive las luces y las sombras de ella.
Se sabe sí que todo será un caos, si el Estado no les proporciona a los jueces suficientes salas de audiencia dignas y les dota de la logística necesaria para que realmente opere, es decir, que no solamente se les proporcione equipos de grabación y de desgrabación aptos, de suficientes computadores, sino que se les dé mantenimiento eficaz y que no ocurra lo que hoy sucede en los despachos judiciales, donde desactualizados computadores funcionan a medias.
Así, a los juzgados de todo el país no solo se les debe dotar de lo que necesitan para trabajar, sino actualizar los equipos electrónicos que tienen a su servicio, para que jueces y empleados judiciales puedan responder a lo que la opinión exige.

