la idea es exponer si los bancos han pactado ilegalmente sus tarifas, escandalosamente altas por cierto y sospechosamente parecidas además.
Publicado por: REDACCION EDITORIAL
Esta semana, sucedió un hecho bastante diciente sobre lo que viene ocurriendo en este país desde hace rato. Se trata del debate que le piensa organizar a los bancos en el Congreso el representante a la Cámara David Barguil, así como la investigación que le solicitó el mismo parlamentario a la Superintendencia de Industria y Comercio, para que determine si las diferentes empresas del sector financiero se han puesto de acuerdo en cuanto a los precios que les cobran a sus clientes.
En otras palabras, la idea es exponer si los bancos han pactado ilegalmente sus tarifas, escandalosamente altas por cierto y sospechosamente parecidas además, impuestas a todos sus usuarios.
Tarifas que además le han dado una estocada a la libre competencia, que es al fin de cuentas uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema capitalista, ya que sobre ella reposa el presupuesto de los consumidores.
Pero lamentablemente, el caso de los bancos no parece ser el único. Esa escasez de competencia en el sector privado, tremendamente perjudicial para el ciudadano del común, afecta también a otros sectores.
Sí. Precisamente esta semana se informó también sobre lo poco competitivo que es el país como un todo en el sector turístico, entre otras cosas por las altas tarifas en los hoteles y los pasajes aéreos. Comparar cuánto vale una noche en un establecimiento en Colombia frente a sus pares latinoamericanos e incluso europeos sorprende de manera negativa y lo mismo ocurre al hacer el ejercicio de cotejar los precios de trayectos en avión equiparables. En ambos casos, en Colombia los consumidores deben asumir costos sustancialmente más altos.
En teoría, las leyes antimonopolio o más precisamente, las normas contra las prácticas oligopólicas en este país que prohíben los acuerdos de precios, existen. El problema, no obstante, es el de siempre. Las pocas veces en que las reglas se trasladan del papel a la realidad.
Como puede verse, es mucho por no decir casi todo lo que las autoridades deben hacer en este asunto, del cual, no se puede dejar de repetirlo, el principal perjudicado será siempre el ciudadano del común.
