Se debe vigilar más a los funcionarios que disponen de los recursos del Estado y determinar cuántos de estos contratos se celebran para vincular personal a la administración, evitando la carrera administrativa y los controles a la nómina.
Publicado por: REDACCION EDITORIAL
El Estado, para actuar, tiene que contratar. Para regular y preservar la transparencia de la contratación estatal y ponerla a tono con el giro de los tiempos, el país y el mundo han vivido una evolución, que en otros lares comenzó a finales del siglo XIX y que en Colombia logró, hace 37 años, expedir el primer estatuto de tales contratos (Decreto Ley 150 de 1976). De allá a hoy ha habido hitos como el Decreto Ley 222 de 1983, hasta llegar a la Ley 80 de 1993, complementada con normas posteriores, que conforman el actual estatuto de los contratos de la administración pública.
Mientras el propósito es expedir reglas que garanticen la transparencia en los contratos estatales, por ser fundamentales y sensibles, por la frecuencia con que se celebran, por el alto número de entidades estatales que hacen uso de ellos y porque muchos se tasan en cuantiosas sumas de dinero, desafortunadamente una intrincada telaraña de intereses corruptos logra, a través de una gama de oscuras maniobras y por todos los atajos imaginables, burlar los reglamentos y desviar hacia sus bolsillos los fondos estatales.
El país ha vivido numerosos, ruidosos y vergonzosos episodios de escándalo en que el objetivo ha sido saquear el erario y el medio utilizado ha sido la contratación estatal.
Una investigación de la Procuraduría sobre la forma como contratan las entidades estatales pone bajo sospecha un alto número de contratos estatales.
Mal olor desprende el que cuatro de cada diez contratos estatales (el 41,3%) se hagan sin usar el cedazo de la licitación pública, blandiendo la figura de la contratación directa o complementos suyos, como la mínima cuantía, la selección abreviada, el concurso de méritos y la subasta, que son necesarios pero se prestan para triquiñuelas. Y su cuantía asciende a unos 23 millardos de pesos al año.
¿Hay falencias en las normas? ¿La mácula está en los funcionarios? Más lo último que lo primero. Se les está haciendo el quite a los controles implementados para los contratos de la administración pública.
Hay que ejercer más severo control en tal tipo de contratos. Se debe vigilar más a los funcionarios que disponen de los recursos del Estado. Se debe determinar cuántos de estos contratos se celebran para vincular personal a la administración, evitando la carrera administrativa y los controles a la nómina. Hay graves sospechas de ello.
