Quita la respiración el saber que el Estado tiene bajo protección, en diversos sitios del país, a 90 periodistas para proteger sus vidas de las amenazas de los violentos.
Publicado por: REDACCIÓN EDITORIAL
Parecía que la avalancha de amenazas, atentados y muertes violentas de periodistas en Colombia había declinado y todos, en silencio, anhelaban que esa tendencia algún día llegara a cero. Pero los hechos, siempre tozudos, han puesto de relieve ante el país y la comunidad internacional que las cosas no son así, que los periodistas siguen estando en la mira de los jinetes del apocalipsis.
En días pasados hubo un aleve intento de homicidio contra el periodista Ricardo Calderón y se han develado oscuros planes criminales contra Gonzalo Guillén, León Valencia y Ariel Ávila. ¿Motivo de tan siniestros hechos? El ejercer el periodismo, el denunciar valientemente hechos y procederes anómalos que avergüenzan al país como la investigación que Ricardo Calderón hizo sobre lo que ocurre en el centro de reclusión militar ubicado en la base de Tolemaida.
Quita la respiración el saber que el Estado tiene bajo protección, en diversos sitios del país, a 90 periodistas para proteger sus vidas.
Fue un alto funcionario del gobierno central quien alertó a León Valencia y a otro comunicador de lo que se estaba planeando contra sus vidas y aún más, hasta se divulgó el alias del sicario contratado para cometer el crimen.
Comentar sucesos como los narrados deja mal sabor en la boca, pero duele más saber que el país no ha reaccionado con la firmeza y el vigor con que ha debido hacerlo para estigmatizar a los autores y a los cerebros de cosas tan siniestras.
¿Quién está detrás, planeando los asesinatos y dando tan siniestras órdenes? Se señala y denuncia a bandas criminales, a mafiosos e insistentemente se mencionan nombres de políticos que viven en una charca de crimen y corrupción.
Desafortunadamente el ruido que producen los hechos materia de esta nota editorial pronto cesará y todo caerá en el olvido, como ocurre con lo siniestro que sucede en Colombia y del tema solo volverá a hablarse cuando otro hecho violento o amenazas contra comunicadores sociales traigan a la memoria colectiva lo ocurrido y se diga entonces a voz en cuello: ¿Por qué no se hizo nada oportunamente?
Pero a los colombianos les queda atravesada una espina que cada vez genera más molestia: ¿qué hacen, que sea eficaz, la Fiscalía y los jueces para castigar a los siniestros sicarios y a los que escondidos tras apariencia de respetabilidad emiten tan criminales órdenes?
