Editorial: Las trabas para ser legal
En un país acostumbrado a la ilegalidad como el nuestro, donde el camino corto y los atajos para no cumplir con las obligaciones están a la orden del día, se creería que el Gobierno debería disponer de mecanismos ágiles que estimulen a los ciudadanos a cumplir con sus deberes. Pero muy por el contrario, las infinitas trabas y los trámites absurdos hacen que muchas veces, aunque los ciudadanos quieran cumplir con sus obligaciones, desistan de su intención.
Un ejemplo sencillo pero que muestra claramente la torpeza estatal para estimular la legalidad, lo constituye la afiliación a la seguridad social de los empleados de servicio doméstico. Siendo esta una de las actividades más desprotegidas dentro del país, quien quiera afiliar a quienes ayudan con las labores del hogar y cumplir a cabalidad con sus obligaciones se ve enfrentado a una serie de trámites que terminan, muchas veces, con que se prefiera trabajar dentro de la informalidad.
En primer lugar exigir que quien quiere contratar servicio doméstico deba crearse en el sistema como empleador, adjuntando para ello el RUT, ya es de entrada una carga absurda, pues, en la realidad, quienes emplean servicio doméstico son muchas veces amas de casa que no entienden por qué deben hacer este registro o personas que no disponen del tiempo para hacer largas filas en la Dian. Adicionalmente, la afiliación a salud, pensiones y riesgos profesionales requiere de largas colas en las empresas de seguridad social, donde la exigencia de las fotocopias de la cédula, contratos firmados y registros civiles para acreditar beneficiarios espantan al más paciente de los ciudadanos. ¿Cómo es posible que en una era digital como la que vivimos, no exista la alternativa de realizar esta afiliación a través de internet? ¿Cómo es posible que el empleador deba tramitar ante cada una de las empresas de seguridad social la afiliación?
El Gobierno tiene la obligación de establecer mecanismos que faciliten la legalidad de las actuaciones. La mentalidad burocrática que busca imponerle al usuario obligaciones más allá de las necesarias es el principal estímulo a la trampa y, tristemente, es el mismo Estado su promotor.
Aquí solo mencionamos el caso del servicio doméstico, pero el mismo análisis podría hacerse para quien quiere constituir una empresa, pagar sus impuestos, importar o exportar productos o montar un negocio.