El cabildeo del Consejo de la Judicatura
Hace algunos días, el presidente Santos llamó públicamente la atención al Consejo Superior de la Judicatura por el vergonzoso cabildeo que magistrados de su Sala Administrativa estarían haciendo ante miembros el Congreso de la República para evitar que se incluya en el proyecto de Ley conocido como “Reforma de equilibrio de poderes”, la desaparición de tal entidad de la Rama Judicial del Poder Público.
El hecho llama a escándalo y pone de presente cosas que abochornan por más de una razón. Ejercer presión sobre congresistas para orientar el contenido de proyectos de leyes es una práctica no solo es ajena a nuestra cultura, sino que cercena lo que hemos entendido debe ser la libertad y autonomía que deben tener los congresistas para decidir el texto de los proyectos de Ley; además, saca a flote la poca altura de quienes ostentan el rango de magistrados del Consejo Superior de la Judicatura. Durante dos siglos el país se ha enorgullecido de que quienes han llegado a desempeñar el alto cargo de magistrados de una Corte están por encima de cosas tan terrenas como la comentada y han ostentado tales dignidades por su hondo conocimiento del Derecho, por su talante y sensatez y no por ser duchos en “lagartear”.
¿Qué está pasando? Padecemos las consecuencias del inmenso error en que incurrieron los redactores de la Constitución de 1991, quienes decidieron darle a las altas Cortes la función de elegir y señalar a aquellos que deben ser designados para cargos de primera línea del Estado y al hacerlo y, además, estipularon que los nombres de los magistrados serán propuestos por las Cámaras Legislativas, sometiendo a quienes aspiran a tales dignidades al manoseo y al virus del clientelismo que tiene invadida el alma del Congreso y que se traduce en amiguismo y prácticas censurables de diverso orden.
Este episodio resalta que lo mejor que puede ocurrir es suprimir tal cuerpo colegiado de la Rama Judicial y, en su reemplazo, crear una estructura gerencial que administre la parte operativa de la Justicia. Lo amargo es que eso lo debe decidir el Congreso, cuerpo que tantos episodios reprochables ha llevado a cabo para defender sus cuotas y tajadas en el ponqué del poder.