La vergüenza de la Justicia
Vergonzoso, por decir lo menos, es el capítulo que está viviendo el país por cuenta de las acusaciones de corrupción contra el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Y más cuando estas acusaciones vienen de otro magistrado de la misma Corte, Mauricio González Cuervo, quien lo señala de haber pedido $500 millones para favorecer por medio de un fallo de tutela a Fidupetrol,condenada por la Corte Suprema de Justicia al pago de una indemnización cercana a los $23 mil millones.
A pesar de los señalamientos, el magistrado Pretelt ha dicho que no se irá de su cargo, porque eso sería violatorio de la presunción de inocencia que lo cobija.
De manera infortunada, no es la primera vez que un escándalo acompaña a un magistrado de una alta Corte en Colombia. Lamentablemente, cada vez la Justicia está más lejos de estar representada por grandes juristas y se acerca vertiginosamente a ser un exponente de los grandes males que aquejan a este país: la corrupción y la politiquería. Primero fueron las múltiples acusaciones contra magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, luego las denuncias de lobby para elegir consejeros de Estado, pasando por los cuestionados viajes de los miembros de la Corte Suprema. Pero ahora la lupa está puesta en los magistrados que deberían tener la mayor probidad jurídica, por ser ellos los guardianes del fundamento de nuestra democracia: la Constitución. Lejos estamos de aquellas épocas cuando ser magistrado era una dignidad reservada a los más grandes juristas del país. Ahora tal vacante les pertenece a quienes tienen el poder de hacer lobby en el Congreso para quedarse con una silla en el alto tribunal. El mismo magistrado González, que hoy denuncia a su colega, fue cuestionado cuando llegó a la Corte por no tener más mérito que ser el secretario jurídico del entonces presidente Uribe.
Cuando una sociedad pierde la credibilidad en su Justicia, se acerca peligrosamente a la barbarie, porque está a punto de justificar que se haga justicia por mano propia. Ahora se espera que la Comisión de Acusaciones avance en esta investigación y se llegue al fondo de lo que pasó. No obstante, las más de 1.500 investigaciones que reposan contra magistrados sin ninguna decisión no dejan muchas esperanzas.
En lugar de estar defendiendo su inocencia, los magistrados de la Corte Constitucional deberían estar ocupados en las decisiones de trascendencia para el país, como el matrimonio y la adopción igualitaria, que siguen sin una decisión de fondo, como se esperaría de un jurista. A cambio, estos fallos siguen siendo decisiones a medias, que parecen querer tener contentos a todos, como le gusta hacerlo a los políticos.