El Tribunal de Aforados
En el proyecto de reformas que remitió el Gobierno al Congreso para modificar varias instituciones relacionadas con el universo político electoral y con la Justicia, hay aspectos sobre los que no hay mayor discusión y otros, controvertidos, acusados de no ser inteligentes para el país, como ocurre con el que vuelve obligatorias las listas cerradas de candidatos para corporaciones públicas de elección popular, propuesta acusada de tener un tufo antidemocrático, por dar un fuerte golpe a los partidos minoritarios.
La parte del proyecto de reforma que más ruido ha generado, por coincidir con la oscura coyuntura que atraviesa la Corte Constitucional y, en general, la arquitectura de la Rama Judicial del Poder Público, es la que se refiere a la Justicia y las altas Cortes.
Lo que más ha desatado polémica es lo relacionado con el Tribunal de Aforados. El primer punto de controversia es si en nuestro Derecho debe o no haber aforados, pues es un trato judicial preferencial dado a un pequeño grupo de altos funcionarios del Estado, institución que no existe en países tales como Gran Bretaña, Alemania, Italia, donde los altos funcionarios del Estado son juzgados como el resto de ciudadanos.
Página aparte merece su nombre, Tribunal de Aforados. Para que este realmente sea un tribunal, debe tener funciones de investigación y juzgamiento. Si sus tareas se limitan a recaudar medios de prueba, será investigador, mas no será un tribunal.
Su contenido acaba de ser corregido, pues el juzgador en el proyecto era el Congreso y a lo largo de nuestra historia está demostrado que solo dos casos contra altísimos funcionarios del Estado han llegado a juzgamiento, el juicio contra el general Tomás Cipriano de Mosquera y aquel contra el general Gustavo Rojas Pinilla; los resultados de ambos dejaron mucho que desear.
El asunto, luego de la revisión acabada de hacer, regula dos clases de juicios, uno político ante el Congreso y otro penal, ante la Corte Suprema de Justicia. Esto tiene más sentido, pues como estaba su texto no implicaba un cambio de fondo en una figura controvertida por no haber dado frutos a lo largo de nuestra vida republicana. Hay que esperar qué de ello resulta convertido en ley, para establecer si adecúa a cabalidad el funcionamiento del Estado al giro de los tiempos.