Valorización con improvisación
Si algo ha caracterizado la alcaldía de Luis Francisco Bohórquez, es la falta de planeación y la constante en los ajustes a los procesos sobre la marcha. Esta situación se ha visto en varias ocasiones en la toma de decisiones que después son reversadas, en la ejecución de las obras que no cumplen ningún cronograma y ahora en el proceso de cobro de la valorización.
Superada la suspensión del cobro de este gravamen por cuenta de una decisión judicial, que sigue sin fallarse de fondo, el mismo alcalde Bohórquez fijó para el 1 y el 2 de septiembre las fechas límite para que los ciudadanos pudieran pagar el gravamen con el beneficio del 50% de descuento. No obstante, llegó la fecha y muchos de los bumangueses se quedaron sin que llegaran a sus casas los recibos con los cuales debía hacerse este pago. Ante la queja, la alcaldía respondió que los ciudadanos podían imprimirlo, pero con unas especificaciones en la calidad de la impresión tales, que muchos no pudieron hacerlo.
Ayer la constante eran las largas colas frente a la administración, en la búsqueda del soporte para poder pagar, así como en las entidades financieras cercanas a la alcaldía.
No se entiende cómo una administración que venía peleando en tribunales precisamente que se reanudara el cobro de la valorización, no tiene capacidad de respuesta ante algo que ella misma solicitó y debe someter de nuevo al ciudadano a hacer filas, buscar recibos y asumir una carga procedimental que no le corresponde.
Hoy es el último día que tienen los bu-mangueses para cancelar con el 50% de descuento y no es justo que ahora deban pagar el 100% del gravamen de valorización, por la negligencia en la entrega de los recibos.
Pero tal vez lo más importante ahora es que la administración de Bohórquez le garantice a la ciudad que los dineros recaudados por concepto de valorización se destinarán única y exclusivamente a la financiación de las obras de infraestructura para las cuales fue establecido este cobro.
Mientras crecen los rumores del aumen-to en el déficit fiscal que atraviesa la administración y las quejas de los vinculados mediante contratos de prestación de servicios por el no pago de sus contratos, preocupa que los dineros recaudados por este gravamen se destinen al cubrimiento de estas obligaciones y que la ciudad, en el futuro próximo, se enfrente a unas obras incompletas y desfinanciadas, y que de nuevo la ciudadanía deba enfrentar una nueva carga impositiva para poder concluirlas.