Gibraltar y los indígenas
La amplia estela del paro camionero que afectó al país durante los meses de junio y julio y lo que éste perjudicó a la economía, no permitió que la opinión pública evaluara -en su real dimensión- lo que significa la toma que hicieron indígenas u’wa y motilón-barí de las instalaciones de la planta de gas de Ecopetrol en Gibraltar, municipio de Toledo (Norte de Santander), de la retención de 20 trabajadores de tal petrolera y el bloqueo a la reparación del gasoducto que lleva el gas a Bucaramanga y parte de Santander.
Lo que de entonces a hoy allí ha ocurrido, las manifestaciones de líderes indígenas y sus pretensiones, dejan la sensación no de que se está ante una protesta social que reivindica derechos, sino que se trata de una confrontación entre dos Estados soberanos, autónomos e independientes entre sí.
Los u’wa reclaman como suyo el lugar donde está la planta de gas de Gibraltar, exigen que se les entregue la administración del parque natural del Cocuy y la pavimentación de una vía de casi 200 kilómetros. Mes y medio después de iniciada la toma, el pasado 20 de julio, obligaron a apagar el generador eléctrico de la planta, retuvieron a 14 trabajadores de Ecopetrol y como consecuencia de ello, para no dejar a 400.000 familias sin gas, éste se trajo de la Guajira y los santandereanos tuvieron que pagar una tarifa más alta por tal producto, fundamental para su vida diaria.
¿Esos violentos procederes, lesionando el diario vivir de cientos de miles de colombianos, deben ser tolerados y considerados como válida protesta social y legítimas reivindicaciones? Si así se raciocina, en poco tiempo el país vivirá momentos supremamente difíciles.
Lo ocurrido en la planta de Gibraltar, que tuvo como efecto de sordina el ocurrir en un paraje rural distante de la Capital de la República, es un precedente preocupante y debe poner a reflexionar a la comunidad y a las autoridades pues comprendió retención indebida de decenas de personas, ocupación de bienes públicos estratégicos y otros procederes considerados por la Ley Penal como delitos.
Los complicados ingredientes de la toma de la estación de Gibraltar son señales de alerta para quienes tienen la obligación de proteger las vidas de los colombianos y los bienes públicos.