Réquiem por las contralorías regionales
La propuesta se ha hecho en varias ocasiones desde hace tiempo. La última incluso por parte del Contralor General desde Bogotá. El país debe meditar muy seriamente sobre qué beneficio real le generan las contralorías departamentales y municipales y de resultar el saldo negativo, como lamentablemente todo indica que es, deben cerrarse a la mayor brevedad posible.
Es que de realizarles un balance, por simple que sea, la inutilidad de esos su-puestos entes de control de las finanzas públicas, con todo su follaje de burocra-cia, ineficiencias, incompetencia y hasta corrupción que las caracteriza, no tienen defensa alguna.
La verdad es que las irregularidades y la dilapidación de los presupuestos ofi-ciales hace mucho tiempo se tomaron las alcaldías y gobernaciones, sin que se co-nozcan así sean acciones tímidas, salvo muy contadas excepciones, de castigos a los responsables
Ahora, si a esa falta crónica de resultados se le contraponen los altos costos que deben asumir los contribuyentes para mantenerlas, la respuesta, como se ha planteado desde diferentes sectores, es acabarlas de una buena vez.
De hecho, para blindar el argumento no es sino analizar lo que ha sido, es y seguirá siendo la contraloría de Bucaramanga, con una excontralora sancionada por no cumplir con sus obligaciones mínimas y un Contralor actual que no solo se ha negado a aceptar las dificultades económicas por las que atraviesa el municipio, sino cuya conducta muy lejos del papel de control que le asigna la Constitución, gira en torno a defender unos intereses partidistas que han sepultado a la capital de los santandereanos en la inmoralidad y los aprietos financieros. Su negativa a investigar con seriedad y voluntad todo lo ocurrido durante la administración Bohórquez, es prueba fehaciente de ello.
En la actualidad, Colombia tiene 63 contralorías; la General en Bogotá, 32 departamentales y 30 municipales y difícilmente por no decir que ninguna justificaría su propia existencia si se calculara lo que logran recuperar en dineros robados para el erario frente a lo que les cuestan a quienes pagan impuestos. Sobre todo, cuando los desfalcos diarios y los saqueos de los presupuestos oficiales son más que evidentes; tanto, que mantienen al sector público nacional en números rojos constantes, ad portas de una nueva reforma tributaria que ya hace curso en el Congreso.
La fiscalización y el control de la administración pública son esenciales. Eso no lo pone en duda nadie. Sin embargo, debería realizarlo un aparato central menos vulnerable a la corrupción y la politiquería local, pero sobre todo, que le rinda cuentas a un organismo o cargo superior y no como ahora, cuando la ineficiencia la inutilidad y las malas costumbres campean a sus anchas sin consecuencia alguna.