Un control político a conveniencia
Desde que la alcaldía de Bucaramanga pasó de estar en manos del Partido Liberal a ser ejercida por Rodolfo Hernández, la bancada de este partido en el Concejo tiene afán de hacer control político. De manera sorpresiva, concejales que han ocupado durante varios periodos un asiento en el cabildo y de los que muy pocas veces se ha escuchado alguna iniciativa o que lideren procesos en beneficio de Bucaramanga ahora arengan que su misión es hacer control de lo que ocurre en la administración local.
Lo anterior es de aplaudir, por cuanto una de las grandes misiones del Concejo es precisamente ejercer veeduría a lo que sucede en la administración, con el fin de mantener en equilibrio los poderes públicos. Lo que sorprende es que estas voces han estado silenciadas durante muchos años y solo ahora, cuando han perdido los manejos y la injerencia en las entidades locales, es cuando se levantan.
El último de estos debates fue el liderado por la concejal liberal Nancy Elvira Lora, quien denunció el extravío de $97 millones del Instituto de Vivienda de Bucaramanga, Invisbú, a través de traslados electrónicos fraudulentos.
Según explicó la Gerente del instituto, se trató de un fraude electrónico, que se puso en conocimiento del banco respon-sable y que se encuentra en investiga-ción.
Pero tales explicaciones no fueron satis-factorias para la concejal Lora, quien pi-dió la renuncia inmediata de la Gerente del Invisbú, por cuanto tal pérdida de recursos en un instituto descentralizado es inaceptable.
Y razón le merece a la concejal en tal apreciación, pues es preocupante que se pierdan recursos de cualquier entidad pública. Lo que sorprende es la vehemencia de su discurso contra la Gerente, cuando nada dijo del carrusel de contratos que tuvo lugar en la administración anterior en el Imebú, que se encontraba precisamente en manos de su cuñado, el entonces director Cristian Rueda.
Durante el 2012, el Imebú comprometió más de $1.600 millones en 45 contratos con fundaciones, historia que se repitió en 2013, cuando se suscribieron 67 con-tratos de la misma índole, por un monto de $2.500 millones. El escándalo estalló en 2014, cuando se conoció que varios de estos contratos se suscribieron con fundaciones de papel, que algunos ni siquiera se ejecutaron y que tal modalidad de contratación se habría prestado para desfraudar a la entidad en manos del cuñado de la concejal. Por estos hechos, se adelantan varios procesos contra contratistas y el exdirector Rueda.
¿Dónde estaban estos preocupados concejales, cuando las administraciones anteriores utilizaron los institutos descentralizados para pagar favores políticos y enriquecer a unos pocos?
Por supuesto que se aplaude que un Concejo quiera adelantar las labores para las cuales ha sido creado. Lo que deja duda es que solo se acuda a ellas a conveniencia.