El sistema electoral colombiano
Colombia, según el artículo 1 de la Constitución, es una democracia participativa y pluralista. Si ello es así, las elecciones son necesarias e imprescindibles para determinar quién ostenta el poder político. Esa es la fuente de preguntas tales como: ¿qué instituciones están encargadas de algo tan fundamental como es el sistema electoral? ¿Cómo se designan sus miembros? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Qué garantías de participación hay en el sistema electoral vigente?
El órgano electoral colombiano es una estructura que se compone de dos partes: a) La Registraduría Nacional del Estado Civil y b) El Consejo Nacional Electoral. A ellos, algunos suman la Sección Quinta del Consejo de Estado. Muchos afirman que tal estructura está deslegitimada, que en ella hay muchas anomalías e irregularidades y que con ella no podrá haber ‘gobernanza’ o buen gobierno, transparencia en los asuntos públicos, ni sana rendición de cuentas. ¿Por qué?
Porque la Registraduría, en el sistema electoral, tiene a su cargo muchas funciones, en su nómina hay alta incidencia del clientelismo y el Consejo Nacional Electoral es un nido de corrupción.
En el Consejo Nacional Electoral todo arranca de la forma como se designa a los magistrados que lo conforman, ya que los unge el Congreso, es decir, que los partidos políticos escogen a quiénes vigilan la forma como fueron elegidos sus parlamentarios. Tal organismo colegiado está politizado, no tiene connotación a nivel de la opinión pública, no tiene capacidad presupuestal, ni institucional, al punto tal que su nómina la paga la Registraduría Nacional del Estado Civil.
De allí que hoy, un año después de las elecciones regionales de 2015, no ha sancionado a ningún candidato por excederse en los gastos electorales y es vox populi que han sido los comicios en que más dinero se gastó en cosas irregulares. Se afirma que hubo gobernaciones que costaron hasta cinco millones de dólares.
Por eso y muchas cosas más, el sistema electoral genera desconfianza, la ciudadanía considera que promueve el fraude electoral, que no da suficientes garantías de participación. A ello se suma que hay muchos vacíos legislativos en materia electoral.
Si la transparencia del sistema electoral pone en evidencia el tipo y calidad de nuestra democracia, Colombia debe revisar a fondo tal sistema, pues el que tenemos no es prenda de garantía en ningún aspecto.