Contratos estatales funestos
En Colombia la contratación estatal ha sido fuente de innumerables dolores de cabeza. Esta figura, tan necesaria para que la Administración Pública pueda desarrollar su razón de ser, que se usa profusamente a nivel nacional, departamental y municipal, que está copiosamente regulada a través de leyes, decretos y otras directivas, ha sido agua viva de crisis, traspiés, yerros y herramienta ideal para consumar ene número de actos de corrupción. Contratos celebrados por la Administración Pública están permanentemente en el ojo del huracán y son abrevadero de comentarios críticos en los medios de comunicación. Basta resaltar que por esos días muchas críticas se hacen al contrato de Reficar, al de construcción del túnel de La Línea y al de la planta de etanol El Alcaraván en Puerto López (Meta), propiedad de Bioenergy, filial de Ecopetrol.
Preocupa mucho que pese a las experiencias acumuladas, miles de millones de dólares destinados a impulsar nuestra economía se han perdido en proyectos en los que hubo mala planeación, desacertada administración y desatinado proceso de selección de contratistas.
La construcción del túnel de La Línea, fundamental para la conectividad vial del país, lleva 3 años de retraso, su tiempo se ha prorrogado 4 veces y falta un año para culminarlo; falta también concluir sus obras anexas que comprenden 9 puentes y 9 túneles cortos. Desacertadamente se escogió la modalidad de contrato ‘llave en mano’. La obra estuvo mal planeada y mal ejecutada.
Caso similar es el escandaloso contrato de Reficar. Planeación mal hecha, un contratista mal seleccionado, sobrecostos inmensos, corrupción y la suma de dinero malgastada asciende a cantidades inenarrables.
La planta de etanol El Alcaraván en Puerto López (Meta), de Bioenergy, filial de Ecopetrol, es un caso calcado de los anteriores. Su construcción lleva un atraso de 3 años, su costo en millones de dólares ha sido el doble del previsto, se seleccionó mal al socio, se escogió desacertadamente la modalidad ‘llave en mano’, ha habido mala administración y ejecución de la obra, debía comenzar a producir este mes y falta cerca de un año para su terminación.
¿Hasta cuándo va a tener el Estado que recurrir a multiplicar el número de impuestos que cada vez con más sacrificio pagan los colombianos para destinar lo recaudado a multimillonarios contratos torpe e irresponsablemente celebrados?