El transporte urbano, un sector en la anarquía
El problema del transporte público en Colombia se agrava con el paso de las semanas. A las batallas que diariamente enfrentan a taxistas con la piratería de carros y motos, conductores particulares y autoridades de tránsito, se sumó Uber, como un nuevo grupo sobre el que cada vez hay mayor interés de parte de los usuarios y, por lo tanto, contra el que se dirige la beligerancia de los transportadores tradicionales.
De esta manera el transporte público, por ejemplo en Bucaramanga, constituye un mercado amplísimo, muy activo y multimillonario del que participan los sectores ya mencionados, legales e ilegales, en una especie de nueva guerra del centavo que consiste en bajar la tarifa, en la mayoría de los casos sin importar que baje también la calidad y seguridad del servicio, como sucede con motos y carros piratas que se mueven en condiciones mecánicas deplorables y son conducidos por personas evidentemente irresponsables.
El usuario, entonces, de acuerdo con su capacidad económica u otras circunstancias, elige entre esta anárquica baraja de opciones, sin que necesariamente en su decisión importe que su medio de transporte esté cumpliendo o no con las normas vigentes para el sector. En esta guerra, como lo demuestran las cifras, cada vez va rezagándose más el transporte legal como los taxis y en nuestro caso Metrolínea, que carecen de flexibilidad tarifaria y sucumben ante la que sí usa su irregular competencia.
Se ha creado entonces un problema ma-yúsculo en el que se ha llegado incluso a hechos graves de violencia, últimamente contra conductores y vehículos al servicio de Uber, lo que debe ya producir una acción seria de parte del Estado, que exige a las ciudades control al transporte informal, pero no provee las herramientas legales para que tal cosa sea posible y efectiva.
La realidad de la multioferta del trans-porte es clara y su desaparición parece imposible, por lo que vale la pena que se consideren soluciones legales que permitan una igualdad en el mercado para que la competencia sea equitativa y se recuperen así tanto el control sobre el sector transportador, como la tranquilidad en las vías y en los mismos vehículos. En pocas palabras, los transportadores legales necesitan recuperarse del embate de la ilegalidad, los irregulares deben legalizar su actividad económica y los usuarios necesitan tener la posibilidad de elegir sin que ello los conduzca a afrontar riesgos aún contra su vida.