Una reforma política que no tiene lugar
La semana pasada, el ministro Juan Fernando Cristo sorprendió a la opinión pública, cuando en medio del debate de las normas que implementarán los acuerdos de paz firmados con las Farc, presentó una propuesta de reforma política que busca, entre otras cosas, eliminar la Vicepresidencia, ampliar el periodo presidencial a cinco años, establecer la edad para votar en 16 años y ordenar la financiación del Estado de las campañas políticas.
La propuesta de Cristo es a todas luces desafortunada. En primer lugar, porque distrae el debate de la verdadera razón por la cual fue establecido el mecanismo de Fast Track, como lo es la implementación de los acuerdos de paz con las Farc. Introducir bajo este mecanismo reformas tan profundas al sistema político colombiano en un momento en que la atención debe estar concentrada en la llegada de las Farc a la vida política, no favorece a la construcción de confianza que tanto necesita el país frente al proceso de reintegración de los miembros de las Farc y su tránsito a grupo político.
Además, bajar la edad de votación a 16 años contraviene todo el sistema jurídico colombiano en el cual la mayoría de edad está establecida en 18 años y solo a partir de esta edad la persona es un sujeto de obligaciones. No tendría sentido, por ejemplo, que se permitiera a una persona votar a los 16 años, por considerar que ya tiene el criterio para elegir a un gobernante, pero no la capacidad jurídica para contratar. Y, además, siendo realistas, a esa edad ni siquiera ha terminado la etapa escolar, por lo cual es claro que su criterio aún está en formación. Y si se manipula la elección como se hoy se hace con personas mayores, ¿qué no podría hacerse con jóvenes que aún están en formación?
Por otra parte, la idea de que sea el Estado el que financie las campañas políticas es como tratar de paliar una terrible enfermedad con pañitos de agua tibia. El problema de las campañas no es que su financiación sea pública o privada, sino la terrible corrupción que hay en ellas, consecuencia de la falta absoluta de mecanismos idóneos para controlar sus topes y el origen de los dineros que a ellas llegan.
Además, en un momento en que el Estado colombiano tiene ahorcados a los contribuyentes para conseguir los dineros para el posconflicto, ¿de dónde piensa ahora tener los recursos para financiar las campañas?
Esperemos que el Gobierno desista pronto de esta iniciativa.